Desde el año 2013, los militares y policías que combatieron al terrorismo en su época más fuerte vieron cómo el gobierno de Ollanta Humala les congelaba sus pensiones. Sin embargo, esto habría sido ilegal, ya que la norma respectiva nunca tuvo un reglamento que permitiera su aplicación.

“El 8 de diciembre del 2012, Ollanta Humala y sus ministros de entonces firman el decreto legislativo 1133, que nos dejó sin pensión renovable, pero en la novena disposición complementaria final dice que se necesita una reglamentación. Esto nunca se cumplió, pero nos lo aplicaron irregularmente”, denunció Víctor Mascaro, del Instituto de Defensa del Policía.

Esto figura en el referido DL, lo cual –según Mascaro- configuraría una infracción constitucional, ya que cuando una norma expresamente dice que debe ser reglamentada, no puede ejecutarse sin este requisito. “El presidente habría infringido el artículo 118 de la Constitución, que en su inciso 8 precisa que esto es su potestad”, acotó.

Walter Albán, quien fue ministro del Interior luego de que su antecesor Wilfredo Pedraza firmara el DL 1133, dijo: “No recuerdo bien el texto del decreto, pero si dice que tiene que ser reglamentado para que se aplique, eso debe cumplirse, de lo contrario se cae en una ilegalidad”, explicó.

 

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