Uno de los hechos que marcaron la carrera de Mercedes Aráoz fue el conflicto de Bagua (Amazonas) del 2009, donde 33 personas resultaron fallecidas, entre ellas 23 policías. La entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo tuvo que renunciar un mes después de lo ocurrido.

Familiares de los efectivos del orden fallecidos durante el conflicto de Bagua denunciaron en diversos momentos la responsabilidad política e incluso penal de la ahora primera ministra. Flor de María Vásquez, viuda del comandante Miguel Montenegro, se mostró en contra del nuevo cargo otorgado a Aráoz Fernández.

“Yo siento una mortificación porque pienso que es una persona que sabe que ha tenido directamente mucho que ver en el tema del Baguazo. Qué podemos esperar de ella como presidenta del Consejo de Ministros, como persona”, dijo la viuda del comandante Montenegro.

“Si nunca ha tenido eso de acercarse sinceramente, a pedir disculpas (…) Qué se puede esperar de una ministra así. Va a pensar que de repente la prioridad del Perú no va a ser los ciudadanos, sino ver al país como una empresa”, lamentó la deuda del efectivo policial fallecido durante la toma de la Estación 6 de Petroperú a manos de indígenas.

Como se recuerda, el recordado caso estalló en junio de 2009 luego de una protesta de cincuenta días de indígenas de diversas etnias de la Amazonía.

Ellos exigían que se deroguen una serie de decretos emitidos por el Ejecutivo que buscaban asegurar la participación del Perú en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Mercedes Aráoz, entonces en su calidad de ministra de Comercio Exterior y Turismo, encabezó la elaboración de dichas normas.

Luego una comisión investigadora del Congreso dio la razón a los nativos, al igual que Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial. El paquete de decretos impulsados por el Gobierno vulneraba el derecho de consulta previa de los pueblos indígenas, establecido en convenios internacionales firmados por el Perú.

La comisión investigadora del caso Bagua en el Congreso emitió su informe final el 2010. El documento, firmado por el ahora legislador oficialista Guido Lombardi, concluía que las normas destinadas al comercio exterior también eran inconstitucionales.

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