Durante la reunión con la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una nueva medida para fortalecer la seguridad en el país: el ‘Apagón de Celulares Prepago’.
De acuerdo al titular, la propuesta está diseñada para abordar el uso indebido de teléfonos móviles, especialmente aquellos que no están registrados y que son utilizados con frecuencia por organizaciones criminales.
Asimismo, Santiváñez explicó que la campaña se centrará en aproximadamente 25 millones de líneas de celulares prepago que no se encuentran registradas. La acción se implementará en un plazo de 45 días.
El ministro Santiváñez destacó que esta medida contribuirá eficazmente a combatir delitos como la extorsión y el tráfico de drogas, pues los celulares prepago no registrados suelen ser la herramienta utilizada por los delincuentes debido a su anonimato.
No obstante, el funcionario aseguró que la campaña no afectará a aquellos celulares que tengan un registro adecuado con información formal de su titular. “La idea es que vamos a apagar las líneas de 25 millones de celulares no registrados. Aquel celular que tenga identificado a su portador, a su titular, no será apagado”, precisó.
En ese sentido, para llevar a cabo esta campaña, se contará con la colaboración de varias entidades clave, incluyendo Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Ospitel), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Migraciones.
Estas instituciones jugarán un rol importante en el proceso de validación y apagado de las líneas de teléfonos móviles no registradas, abarcando tanto a ciudadanos peruanos como extranjeros.
Adicionalmente, Santiváñez comunicó que, como parte de los esfuerzos para mejorar la lucha contra el crimen, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá un acceso ampliado a los datos de ubicación de todos los celulares en el país.
Antes, solo 38 policías de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) tenían acceso a esta información. Sin embargo, debido al aumento de casos de extorsión, se ha solicitado que se habiliten 800 nuevos usuarios para otros 800 oficiales, permitiendo así una respuesta más eficiente y rápida a los delitos.
En tanto, el perfil de Santiváñez continúa enfrentando críticas, especialmente tras la reciente filtración de audios que sugieren una posible complicidad en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
Cerrón, quien ha estado prófugo desde el 6 de octubre de 2023, es mencionado en las grabaciones como beneficiario de un presunto respaldo del Ejecutivo y del Congreso, facilitado a través del uso de un vehículo presidencial, conocido como “cofre”, el cual habría sido empleado para evadir la intervención de la Policía y permitir su movilidad sin ser detenido.
En los audios proporcionados a la Fiscalía por el capitán Junior Izquierdo, se alega que Santiváñez habría confirmado este respaldo oficial. Además, se reporta la presencia de un automóvil Lexus, que forma parte de la flota presidencial, en la región donde se había estado buscando a Cerrón.
Ante estas acusaciones, la Presidencia ha rechazado cualquier implicación. Por otro lado, Santiváñez ha respondido a las acusaciones denunciando al capitán Izquierdo como miembro de una supuesta organización criminal dentro de la Policía Nacional. Según Santiváñez, esta organización estaría trabajando para desestabilizar el Gobierno de Dina Boluarte.
