El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción luego de que el Congreso aprobara una ley que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles en medio de la creciente crisis política y social que atraviesa el país.
La medida fue impulsada por la Cámara de Diputados, que derogó por más de dos tercios la Ley 1341, normativa que limitaba los estados de excepción y establecía controles legislativos sobre las decisiones del Ejecutivo en situaciones de crisis internas.
La ley eliminada había sido sancionada durante el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y obligaba al Ejecutivo a someter los decretos de excepción a revisión parlamentaria. Además, restringía la participación de las Fuerzas Armadas en disturbios civiles.
La tensión en Bolivia aumentó tras cuatro semanas consecutivas de protestas encabezadas por sindicatos mineros, organizaciones campesinas y grupos vecinales que rechazan la política económica liberal impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz. Los manifestantes también reclaman mejoras salariales y denuncian problemas con la calidad del combustible.
Los bloqueos de rutas y las movilizaciones provocaron complicaciones en el abastecimiento de alimentos y combustibles en distintas regiones del país. En paralelo, las fuerzas policiales permanecen desplegadas en La Paz y otras ciudades en un escenario de máxima tensión política y social.
Por su parte, Estados Unidos expresó preocupación por la situación boliviana y advirtió sobre posibles intentos de desestabilización institucional. Mientras tanto, distintos gobiernos de la región comenzaron a enviar ayuda humanitaria ante el agravamiento de la crisis.
