Por Luis De Stefano Beltrán y Ernesto Bustamante / Darwinismo y nepotismo en el Perú

Luis De Stefano Beltrán, PhD (*) y Ernesto Bustamante, PhD (**)

Un estudio reciente de Zuleykha Gasimova, The Morality of Partiality: How relationship expectations shape moral evaluations, plantea una conclusión tan incómoda como reveladora: las personas suelen juzgar con mayor benevolencia a quienes favorecen a familiares o allegados que a quienes actúan con estricta imparcialidad. En otras palabras, para muchos, priorizar a “los suyos” no constituye una conducta reprochable, sino una reacción natural e incluso virtuosa.

Este hallazgo tiene consecuencias directas para el diseño de políticas públicas contra el nepotismo. Durante décadas, muchos países han intentado enfrentarlo mediante prohibiciones legales, sanciones y apelaciones a la ética. Sin embargo, cuando una parte significativa de la población considera moralmente preferible favorecer a la familia antes que actuar con imparcialidad, las normas que desconocen esa realidad tropiezan con un obstáculo estructural: entran en conflicto con intuiciones morales profundamente arraigadas.

La psicología evolucionista ayuda a explicar este fenómeno. Durante la mayor parte de los últimos 300 mil años, los seres humanos vivimos en pequeños grupos de cazadores-recolectores, de entre 100 y 150 integrantes -el llamado número de Dunbar-, con fuertes vínculos de parentesco y relaciones repetidas cara a cara. En ese contexto, favorecer a los parientes genéticos directos -selección de parentesco- aumentaba las probabilidades de que nuestros genes sobrevivieran y se reprodujeran. Un individuo “imparcial” en el final del pleistoceno, dispuesto a dejar morir a sus hijos para salvar a extraños, habría reducido su propio linaje y la continuidad de esa disposición psicológica. Además, en entornos hostiles, la predictibilidad era un activo crucial.

Quien defiende con firmeza a los suyos demuestra una disposición a la lealtad incondicional; por eso, el grupo puede esperar que responda si se le incorpora a una red de reciprocidad. En cambio, un individuo estrictamente imparcial resulta potencialmente riesgoso: no parece leal a nadie y podría abandonar al grupo en nombre de un principio abstracto o de un extraño. Estas inclinaciones no han desaparecido con la aparición de Estados modernos y burocracias impersonales; siguen activas. En buena medida, seguimos teniendo un cerebro paleolítico intentando adaptarse al mundo contemporáneo.

A este sesgo de parentesco se añaden otros factores que complican el panorama: el tribalismo político e ideológico, la tendencia a interpretar muchas interacciones como juegos de suma cero (“si otro gana, yo pierdo”), la búsqueda de estatus y la reciprocidad condicional (“tú me ayudas, yo te ayudo”). Estos mecanismos psicológicos, útiles en contextos ancestrales, generan fricciones persistentes cuando intentamos construir instituciones basadas en la imparcialidad, el mérito y la cooperación a gran escala entre desconocidos.

Ante este escenario, ha cobrado fuerza un enfoque más prometedor: el Análisis evolutivo del derecho, asociado sobre todo a Owen Jones, de la Universidad de Vanderbilt. Su propósito no es justificar el nepotismo ni abandonar su combate, sino diseñar leyes e instituciones a partir de una comprensión realista de la psicología humana, en vez de suponer que las personas actuarán idealmente solo porque una norma lo exige. Jones y otros investigadores sostienen que las prohibiciones aisladas suelen ser insuficientes cuando colisionan con tendencias psicológicas poderosas. Por ello, proponen sistemas que reduzcan las oportunidades de activar esos sesgos -mediante menor discrecionalidad humana-, alineen los incentivos individuales con el interés colectivo y refuercen la transparencia y la rendición de cuentas, de modo que el favoritismo resulte más costoso.

En los Estados Unidos el presidente Trump y su yerno; y en Argentina el presidente Milei y su hermana, son ejemplos modernos de nepotismo darwiniano al más alto nivel. El Perú aún enfrenta niveles importantes de nepotismo y clientelismo en el sector público, en especial en gobiernos regionales, municipalidades y algunas entidades del gobierno central. En muchos casos, las redes familiares y de confianza personal siguen pesando más que las reglas impersonales. No se trata solo de falta de voluntad política ni de corrupción individual, sino también de un diseño institucional que entra en tensión con tendencias psicológicas profundamente arraigadas. Por eso, insistir únicamente en prohibiciones y discursos éticos equivale, en buena medida, a una forma sofisticada de autoengaño institucional. Una estrategia más eficaz debería combinar las medidas tradicionales con un diseño institucional más inteligente: Reducir drásticamente la discrecionalidad en contrataciones, ascensos y adjudicaciones mediante sistemas más automatizados, concursos públicos estandarizados y uso intensivo de tecnología.

a)           Aplicar rotaciones obligatorias y frecuentes en cargos con alta discrecionalidad.

b)           Reforzar la transparencia en tiempo real mediante sistemas que, además de publicar información, permitan una fiscalización ciudadana efectiva.

c)           Crear incentivos que recompensen la imparcialidad y sancionen el favoritismo de manera más automática, con menor dependencia de superiores jerárquicos.

d)           Fortalecer la cultura institucional con normas internas y relatos que subrayen que, en la función pública, la lealtad principal debe dirigirse a las reglas y al interés general, no a la familia ni al círculo cercano.

El estudio de Gasimova y el trabajo de Owen Jones recuerdan una idea central: las instituciones no transforman la naturaleza humana, pero sí pueden encausarla. Los países que han reducido de manera significativa el nepotismo y el clientelismo no lo han logrado porque sus ciudadanos sean moralmente superiores o menos apegados a la familia, sino porque construyeron sistemas en los que actuar con imparcialidad resulta más fácil, menos costoso y más beneficioso que favorecer a los propios.

El Perú aún está lejos de ser un país desarrollado, y esa distancia no es solo económica. También refleja la brecha funcional entre las instituciones que hemos construido y la manera en que realmente interactuamos como seres humanos. Reconocerla, en vez de negarla, es el primer paso para diseñar políticas públicas más realistas y, por ello, más efectivas.

(*) Biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

(**) Biólogo molecular y congresista de la República

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