La presidenta Dina Boluarte solicitó al Poder Judicial, a través de una tutela de derechos, que se anulen y se excluyan una serie de “actas de extracción y trascripción de fuente abierta” de la carpeta fiscal en la que viene siendo investigada por el denominado caso Rolex.
Además, la defensa de la mandataria solicita al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria “apercibir al fiscal de la Nación”, Juan Carlos Villena, para que lleve a cabo las diligencias preliminares en el plazo de 60 días establecido en la Ley 27399 y “realice el control debido de las actuaciones fiscales dentro de la carpeta fiscal N.° 68-2024, a fin de evitar la vulneración del derecho constitución del debido proceso y afectación al derecho de defensa”.
La presidenta presentó la tutela de derechos debido a que afirma “ser objeto de diligencias fiscales sin presencia de defensa técnica”, específicamente las diligencias de “extracción y trascripción de fuente abierta”. Pero ¿en qué consiste este tipo de diligencias?
Las diligencias de extracción y trascripción de fuente abierta buscan, como su nombre lo dice, consignar en acta la información de libre acceso relacionada al caso que se investiga, como una declaración en un evento público, un reportaje publicado en YouTube, una audiencia transmitida por Justicia TV, entre otros tipos de materiales audiovisuales.
Por ejemplo, para sustentar el pedido de allanamiento al domicilio de Boluarte y el Despacho Presidencial, la Fiscalía presentó tres actas de extracción y trascripción de fuente abierta:
Una vinculada a una entrevista al abogado tributarista José Verona al programa “24 Horas” sobre el caso Rolex, indicando que “está poniendo en jaque a la Presidencia”
Otra referida a declaraciones de Boluarte en “La Rotativa del Aire” respondiendo al mismo casi y señalando “que no teme moción de vacancia”
Igualmente, otra sobre declaraciones del premier Gustavo Adrianzén referidas al mismo tema.
Estas diligencias de extracción y trascripción de fuente abierta las desarrolla a cabo el fiscal sin presencia del abogado de la persona investigada. Esto es lo que la defensa de Boluarte considera como una “vulneración del derecho constitucional de defensa e igualdad procesal”.
