El exrepresentante del Perú ante la OEA, Antero Flores-Araoz, manifestó que mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agrede al Perú, el Estado peruano se arrodilla ante dicho sistema.
Precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual 2023, lleva a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica seis importantes casos contra el Perú para que el Estado Peruano sea internacionalmente sancionado.
Pese a ello, refirió que el Presidente del Consejo de Ministros le rinde pleitesía a la CIDH en su visita a San José, olvidando que el Congreso de la República ha cuestionado a dicha instancia y ha aprobado una ley, observada por el Ejecutivo y en trámite de insistencia, para que se cree una Comisión que determine los cuestionamientos nacionales al Sistema, a fin de que la OEA haga las reformas pertinentes.
La citada ley precisa que si ello no sucede, se tendrán las puertas abiertas para el retiro del Perú de todo el Sistema o solo de la competencia contenciosa de la Corte.
Parecería ser, dijo Flores-Araoz, quien también fue presidente del Congreso, que la Comisión Interamericana al llevar a la Corte seis casos que dormían en sus archivos varias décadas, lo habría hecho como represalia por la aprobación en el Parlamento Peruano de la Ley anteriormente mencionada.
Los seis casos en cuestión son los de María Andía, acumulándose 17 casos de la época más dura del terrorismo; el caso Edith Ramos sobre esterilizaciones forzosas, pese a estar probado que no hubo política de Estado sino algunas infracciones individuales.
También el cese de los trabajadores de ENAPU ya resuelto en sede nacional y que ya tiene más de treinta años.
Está igualmente el caso de Georgina Gamboa y familiares, como también el de Paulina Ramírez y otros, en que se nota el sesgo anti policial y anti fuerzas armadas de la Comisión Interamericana, desconociendo el derecho del Estado a repeler la violencia y, por último, un tema pensionario que es el de Cuadra Bravo que ya estaba concluido.
Flores-Araoz exhortó al Congreso para que cuanto antes el Pleno debata y apruebe el informe de su Comisión de Constitución que desestima la observación irrelevante del Poder Ejecutivo y sancione y promulgue de una vez por todas la ley que dispone nombrar una Comisión evaluadora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que pueda presentarse en la OEA, a quien se solicitaría las reformas que hagan que dicho Sistema sea no solo transparente sino imparcial.
