Juan José Santiváñez, ministro del Interior, comentó en el programa de Milagros Leiva que el desactivado equipo policial de apoyo a Eficcop, que reclama el Fiscal de la Nación, Juan Villena y la fiscal Marita Barreto, le costaba el Estado un millón de soles al mes.
Es decir, desde su creación el 18 de julio de 2022 hasta su desactivación el 9 de mayor de 2024, le ocasionó un gasto de más de S/ 21 millones por los 21 meses de funcionamiento.
“Aproximadamente 1 millón de soles al mes, casi 15 millones de soles al año”, expresó el recientemente nombrado titular del Mininter.
Asimismo, remarcó que el dinero que iba dirigido al presupuesto de este equipo era proveniente de los ciudadanos peruanos.
“Todos los peruanos tenemos derecho a saber en qué se gasta nuestro dinero”, señaló el funcionario público, quien también lamentó que hasta el momento no se ha podido determinar en qué se ha empleado dicho monto.
Cabe recordar que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tomó la decisión de desactivar dicha unidad de la PNP, indicando que había una duplicidad de funciones con la Diviac.
En declaraciones a la prensa el reciente ministro del Interior, Juan José Santiváñez, defendió la desactivación del equipo especial de apoyo al Eficoop.
El titular del Mininter enfatizó que el “tema está cerrado” y que está en manos de una investigación fiscal.
Asimismo, Santiváñez descartó que la existencia de un desbalance o falta de operatividad de resultados. Al respecto, recordó la detención que realizó dicho grupo especial contra Nicanor Boluarte.
“Lo que sucede es que cuando se quiso hacer la revisión por parte de Inspectoría (General de la Policía), hubo el impedimento del Ministerio Público para ingresar a las oficinas del Eficcop y hacer ese control patrimonial (…) No se pretendía revisar carpetas fiscales, sino de los libros contables y hubo impedimento”, describió.
Como se recuerda, durante el último martes 16 de abril, un grupo de policías de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú asistió a las oficinas del Eficcop con resolución en mano para llevar a cabo ‘acciones de control administrativo’, sin embargo, fueron impedidos de hacerlo debido a la negativa de la fiscal a cargo del grupo, Marita Barreto, expuesta en documento.
