Luis Gonzales Posada
Mayelin Rodríguez Prado, joven de 22 años, con una hija pequeña, estuvo encarcelada once meses y luego fue condenada a 15 años de prisión por un Tribunal de Camagüey, Cuba, por atreverse a filmar una manifestación pacífica en Nuevitas, pequeña comunidad de 70 mil habitantes, ubicada a 610 kilómetros de La Habana.
Los hechos sucedieron el 22 de agosto del 2022. Ese día, la joven Mayelin grabó a centenares de personas protestando por los cortes de electricidad, el duro racionamiento de comida y la falta de libertad en una Isla donde hace 65 años gobierna el Partido Comunista.
Los marchantes de Nuevitas salieron a recorrer las calles, golpeando cacerolas, prendiendo las linternas de sus celulares para visibilizarse y tocando el claxon de los automóviles, al tiempo que “pedían a gritos “libertad”, según refiere el diario El País de España en su edición del 2 de mayo del 2024.
La filmación, de acuerdo a ese medio de prensa, captó dramáticas escenas de policías golpeando niños y cometiendo actos violatorios de los derechos humanos.
Indignada, Mayelin no lo pensó dos veces y subió las imágenes al Facebook. Era consciente, empero, que al hacerlo la iban a sancionar porque en la protesta de diciembre del 2001 detuvieron a mil manifestantes. De estos, 297 resultaron condenados a 5 y 14 años de prisión, entre ellos Joanna de la Cruz, que trasmitió en vivo la marcha, por lo cual la mantuvieron 10 meses encarcelada y después fue sancionada a 5 años de trabajo comunitario.
De acuerdo a Human Rights Watch, en la represión del 2001 muchos estuvieron “incomunicados durante días, semanas y a veces meses… algunos fueron golpeados, obligados a hacer sentadillas desnudas, privados del sueño y otros abusos que en algunos casos constituyen tortura».
Mayelín conocía, además, que el régimen apelaba al calificativo de “sedición” contra los disconformes. Esa palabra, de acuerdo al artículo 100 del Código Penal de Cuba, es “un delito contra la seguridad interior del Estado” y se condena a quienes “tumultuariamente o mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturban el orden socialista…”.
Hay muchas historias truculentas y tristes sobre el sistema opresivo del gobierno comunista.
En septiembre del 2022, Emilio Farías, popular cantante cubano, director de la orquesta El Niño y la Verdad, tuvo que concluir abruptamente un concierto en la Casa de Música de La Habana porque agentes de seguridad interrumpieron el evento, desconectando equipos de sonido y desalojando a los asistentes.
Su dramático mensaje de protesta, que se extendió por toda la Isla, fue: «sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión. Sáquenme de la radio. De donde no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos», agregando que “un día todo será diferente, un día mis pupilas aún jóvenes pero agotadas de tanto sufrimiento, verán la luz de la esperanza.”
Lamentablemente, las esperanzas van diluyéndose y quienes pueden se autoexilian. De acuerdo al reporte de Naciones Unidas, desde 1959 un millón 757 mil personas han salido del país, cifra que representa el 15.55 % de la población. Ahora se ha producido un nuevo éxodo. El 2022, 313 mil cubanos ingresaron a USA sin documentos y el 2023 lo hicieron 153 mil, que en conjunto representan 466 mil en los dos últimos años, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Estos hechos provocan la repulsa de cualquier demócrata, pero los gobiernos latinoamericanos no dicen una sola palabra para censurar esos atropellos. Callan. Se escudan en seudos principios diplomáticos que hacen de la no intervención en asuntos internos de otros países un dogma, cuando solo es un pretexto para no confrontar.
Ante el silencio, continuará la represión y también el éxodo. Un triste final para un pueblo devastado que solo aspira a romper las cadenas de la esclavitud política.
