Hay pérdidas de pagarés de préstamos y compra fraudulenta de terreno
El titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, ordenó la intervención del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), luego de conocerse que, pese a que en febrero de 2020, se aprobó una inversión de S/341 millones para desarrollar 1.005 viviendas unifamiliares, hasta la fecha, no se han concluido ni el 5% de ellas.
El ministro aseguró que “en esta investigación van a rodar cabezas no solo de generales sino de otros oficiales y subalternos de diferentes graduaciones, que estuvieron a cargo del directorio y de la administración del Fovipol y han originado millonarias pérdidas en agravio de miles de policías”.
Santiváñez se pronunció en desacuerdo con la obligatoriedad del descuento del 5% para financiar las viviendas. “Debería ser voluntario y no obligatorio”, consideró.
Entre los casos escandalosos, mencionó al Grupo Inmobiliario Kinsa, a quien Fovipol adjudicó la construcción de 680 viviendas en Piura por S/103 millones, pero hasta el momento solo se ha entregado 45 viviendas, equivalente al 4.47% del total planeado.
Por su parte, en diciembre de 2021, la cuestionada empresa Kinsa inició un arbitraje contra Fovipol, y en julio de 2023, el Tribunal Arbitral falló a favor de la constructora, ordenando a Fovipol recibir las viviendas tras subsanar las juntas sísmicas. Sin embargo, hasta el momento, el Fondo de Vivienda Policial no cumple con el mandato.
A dicho caso se le suma la compra de un terreno en Simbila, Castilla, por S/27 millones, destinado a la construcción de viviendas, pese a que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) determinó que el terreno advirtió de un alto riesgo de inundación.
