JORGE B. HUGO ÁLVAREZ
La justicia hermoso vocablo, extraordinariamente bello para ser prostituido por un sistema perverso. Decir, muy orondo que se administrar justicia, sin saber qué es justicia, es algo inaceptable e insultante para la inteligencia humana.
No obstante, me veo precisado, traer a colación esta reflexión, en un contexto judicial complicado que se materializa en una justicia politizada o altamente direccionada. Eso no es justicia, sino parodia de justicia. No de otro modo podemos entender esas formas de cómo se judicializa la política en nuestro país.
En lo sustancial, las formas importan. Entonces, a juzgar por las últimas declaraciones y decisiones de fiscales y jueces caneros por figuración, son indicativos que la racionalidad de las decisiones judiciales está en declive. Eso, nos llena de inquietud y temor.
Por consiguiente, es hora de tomar medidas para reformar todo el sistema nacional de justicia como política de Estado. Debe ser una iniciativa que trascienda los intereses partidistas y busque el bienestar de la Nación en su conjunto.
Las críticas contra la judicialización de la vida política y contra el excesivo protagonismo de jueces y fiscales, son válidas. Sus decisiones, a veces, tienen un impacto perturbador en el fortalecimiento de la institucionalidad de la Nación.
Debemos entender que la democracia implica ausencia de autocracia judicial. Por lo tanto, es necesario limitar y controlar todo poder. Un poder desbocado, es altamente peligroso, un poder debilitado también.
No debió permitirse la politización de la justicia, porque es un fenómeno perverso. Sin embargo, se ha infiltrado en todo el sistema de justicia nacional. Lo cual no debió ocurrir. Pero ocurrió y, ahora, los peruanos vivimos con temor porque no tenemos garantías de una justicia imparcial.
Lo grave de la politización de la justicia es que constituye un serio peligro para la democracia y las libertades ciudadanas, que debe ser abordado de manera conjunta por los operadores del Derecho. Solo entonces podremos esperar que nuestras instituciones judiciales actúen de manera justa y equitativa. Los fiscales y jueces caneros deben ser expectorados del sistema.
En un Estado Constitucional de Derecho, el poder judicial debe ser independiente y estar libre de influencia políticas o de cualquier otra naturaleza. Debe ser capaz de tomar decisiones basadas en la Constituciòn y la ley.
Sin embargo, cuando la justicia se `politiza, se socava la confianza en el sistema judicial y se pone en peligro el Estado Constitucional de Derecho. Entonces, es esencial que tomemos medidas para despolitizar la justica y fortalece la independencia del poder judicial.
Solo cuando unamos nuestras voces y esfuerzos, podremos aspirar a que la balanza de la justicia se incline por el bien común y no por los intereses partidistas.
Es imperativo que aquellos fiscales y jueces que han sido corrompidos por la influencia y el poder sean erradicados del sistema, como se expulsa un veneno del cuerpo, para que la justica pueda fluir pura y sin trabas.
(*) Abogado penalista y analista político.
