– ¿Qué opinión tiene sobre la polémica que se ha producido por el archivamiento de la investigación del Caso Pruebas rápidas del COVID-19 contra el expresidente Martín Vizcarra?
Mire, todo es muy sospechoso, porque es una denuncia que estuvo más de un año paralizada, yo diría que casi dos, que nadie quería moverla en la Fiscalía de la Nación, y entra Zoraida Ávalos que no quiso moverla y, bueno, la sucesora tampoco, pero después entra Juan Carlos Villena y rápidamente la archiva. Es decir, a la semana que había llegado ya estaba tomando la decisión de archivarla. Eso me parece muy sospechoso, porque además el tema no es solamente él (Martín Vizcarra), sino el tema son los ministros, que son mucho más responsables inclusive que él. De acuerdo a la Constitución, los ministros refrendan y asumen responsabilidades de todos los actos presidenciales, y entonces, al librarlo al señor Vizcarra, automáticamente han librado también a los ministros, que son los grandes culpables, porque además en el caso de este tema, no solamente es una decisión de compra cualquiera, de acuerdo a unas normas legales, sino que es una decisión que se hizo, o se pudo hacer, porque se cambiaron dispositivos adrede ara poder efectuar este tipo de compras. Entonces eso es lo grave. No es que haya habido un instrumento legal que lo permitía, no, se creó el instrumento legal para comprarlo. Entonces eso es doblemente sospechoso, por lo tanto, me parece que en el archivamiento hay una gran responsabilidad, por supuesto, de los fiscales.
– Muchos especialistas creen que los hechos no han sido valorados por el fiscal de la nación, Juan Carlos Villena ¿a qué se deberá eso?
Así es, bueno, eso es parte del tema, que parecería eso. No soy penalista de tal manera que no puedo opinar, pero lo que se sabe de la información que ha salido, es que ha habido pruebas indiciarias que no han sido corroboradas, que no han sido profundizadas y tratadas, o las han dejado de lado y no han querido profundizar más. Y esto, insisto, si ha sido en el 2021, estamos hablando de dos años o más, o casi tres años, que han podido hacerlo y no lo han hecho. Todo eso es sospechoso, y eso hace pensar que evidentemente ha habido una intención política de archivar el caso.
– Cambiando de tema, ¿considera que debería que la presidenta Dina Boluarte debería declarar en los medios de comunicación?
Eso es una huachafada, y además es una irresponsabilidad. La presidenta, que no ha sido elegida por el pueblo tiene necesidad mucho más que cualquier otra persona de comunicarse con un pueblo, que tiene que darle cuenta de todos, y que además no la han elegido a ella, con mayor razón tiene que tener mucho más cuidado y más comunicación con ella. Claro, no queremos que sea como Andrés Manuel López Obrador, que hablaba todos los días, todas las mañanas, pero hay que recordar que otros presidentes hablaban, el presidente Fernando Belaunde hablaba una vez a la semana, se reunía con la prensa, y otros presidentes hacían algo parecido también. Me llama la atención entonces que una presidenta con tan poco peso político, con tan poco respaldo político, con tan poca legitimidad, no quiera recobrar ese liderazgo que el Perú necesita a través de una comunicación constante con la prensa. Eso me llama la atención.
– Ahora, estas iniciativas legislativas del Congreso, de querer reformar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de Magistratura, o de rehacer el Ministerio Público, ¿cree que serán convenientes?
Yo creo que ahí hay de todo un poco. Hay cosas buenas, hay cosas regulares, y hay cosas malas. Cada cual en su en su tema y en su especialidad. Creo que la Junta Nacional de Justicia ha hecho méritos suficientes para ser liquidada. Eso no significa que tenga que ser liquidada como institución, pero sus miembros deben ser liquidados. Y me llama la atención que el Congreso no haya tomado alguna actitud firme en defensa del Congreso ante los arrebatos y las medidas de amparo y las declaraciones que los miembros de esa entidad y contra la independencia del Poder Judicial y de los poderes del Estado Central. Eso sí me llama la atención. En cuanto a las otras normas, mire, yo creo que el hecho de que haya malos magistrados o malos congresistas no significa que haya que eliminar el Congreso. Y acá pasa lo mismo. El hecho de que haya muy malos miembros de la Junta Nacional de Justicia no significa que hay que eliminarla. Y eliminarla por la creación de una escuela, la escuela está para formar gente, no para elegir gente. Los eligen otros instrumentos, otros poderes, otras instituciones, pero que la escuela, entre sus propios alumnos, elijan a los jueces o fiscales, me parece que es una aberración. Es algo que no entiendo y no va a funcionar bien. Creo que se requiere una reforma, pero ese tipo de reforma no me parece la más adecuada.
– ¿Y en cuanto a la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad?, ¿Qué opina?
Mire, yo creo que esto es una gran culpa del Poder Judicial que se ha demorado 20 o 30 años en resolver problemas muy antiguos. Además, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que fija muy bien los límites que se pueden aplicar en los delitos de lesa humanidad. De tal manera, que yo creo que sin estar aprobando la ley necesariamente, creo que era necesario acabar de una vez con los juicios que vienen desde el año 1980 a la fecha. O sea, más de 30 años, no puede haber Poder Judicial en el mundo que se demore 30 años en juzgar a personas.
