Manuel Merino De Lama
Desde más de 50 años la Cuenca Transfronteriza Puyango – Tumbes, viene siendo contaminada por derrame de residuos y relaves mineros, cargados con metales pesados, provenientes de la minería legal e ilegal del Ecuador, no solo pone en peligro los recursos acuáticos del río Tumbes, la flora y fauna, sino también la salud, la vida, bienestar físico y mental del ser humano, la alimentación de 237, 685 habitantes de Tumbes y sus principales actividades económicas: agricultura, ganadería, acuicultura y turismo.
La contaminación persiste, la DIRESA -Tumbes, el 18 febrero 2022, emitió un informe técnico en el que concluyó —a través de un muestreo de más de 90 personas adultas y niñas(os) —, que estos presentan concentraciones elevadas en su organismo de plomo, arsénico y cadmio. Asimismo, el Mg. Rodríguez (2018), en su investigación, “Niveles de plomo y cadmio en sangre de estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, residentes en Corrales – Perú, 2018”. Concluyó que los 60 estudiantes que fueron evaluados: “están contaminados con plomo y cadmio”. Igualmente, Gavilanes (2016). En su investigación, «Estudio de la concentración de plomo en el agua del río Tumbes. Período 2012-2015, como causa de la minería aurífera y su relación con la salud de los pobladores del caserío Rica Playa – Tumbes 2016». Concluyó, que de acuerdo a los resultados de laboratorio; las 21 personas voluntarias, moradores del caserío de Rica Playa, tienen acumulación de plomo en la sangre.
Ante tal desastre ecológico, el representante de la “Coordinadora Regional del Frente Amplio por la Defensa del Medio Ambiente de Tumbes”, el 14 diciembre 2018, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado Peruano, amparado en los artículos 4° (derecho a la vida), 8° (garantías judiciales), 25° (protección judicial) y 26° (derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y, a la par, el representante de la Federación Regional Agraria Piura – Tumbes, el 14 diciembre 2018, también presentó la denuncia ante la CIDH, contra el Estado Ecuatoriano, amparado en el artículo 1°.1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y artículos 10° y 11° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Comisión IDH, toma la decisión de declarar admisibles las dos denuncias, aún falta la sentencia.
Presidenta Dina Boluarte y Ministros de: RR.EE., MINSA, MIDAGRI, MINAM, PRODUCE, Y MVCS; ustedes tienen la gran responsabilidad humana y política de cumplir, y hacer cumplir la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, para poner fin a la contaminación de la cuenca transfronteriza Puyango – Tumbes, la cual constituye ¡¡Un crimen de lesa humanidad!! (Estatuto de Roma, artículo 7°), pues es un ataque generalizado y sistemático que viene cometiendo el Estado Ecuatoriano, desde más de 50 años, contra 237, 685 habitantes de la región Tumbes, que consumen agua contaminada. ¡¡ADELANTE!!
