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Reconocen pago de diferencial del 2% a policías y militares correspondiente a 2013 – 2017

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Por Antero Flores Araoz / Generoso en el elogio y mesurado en la crítica

ANTERO FLORES-ARAOZ El título de esta columna es una frase...
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El Proyecto de Ley 3754-2022-CR, del legislador Juan Burgos Oliveros, “reconoce el derecho de pago del diferencial de la pensión consolidada al personal pensionista de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no percibió dichos ingresos durante el período 2013 al 2017”.

Dicho documento se encuentra para ser debatido desde hace meses en el Parlamento, por lo que los uniformados y retirados de FF.AA. y PNP exigen que se someta a votación de una vez.

Dicha iniciativa establece el pago de lo no abonado en la pensión equivalente de la Ley 30683.

El presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar “Anappomil – Grupo Coraje”, Julio Monar, remitió documentos al Parlamento emplazando a su pronto debate, por ser un acto de justicia.

Explicó que esta deuda que tiene pendiente el Estado con las FF.AA. y PNP se originó en diciembre del 2012 al aprobarse el Decreto Legislativo 1133, que consideró un incremento denominado pensión consolidada, pero aplicable solo a los que pasaban al retiro a partir de enero del 2013, sin considerar a los que pasaron al retiro hasta diciembre del 2012.

Esta diferencia generó una arbitraria e ilegal discriminación para los pensionistas por parte del gobierno de turno por cuanto se vulneró el principio jurídico de “a igual razón igual derecho”.

Con la Ley 30683 denominada Ley de Equivalencia se reconoce el derecho al pago de la Pensión Consolidada a partir del 2018, corrigiéndose esa arbitrariedad; sin embargo, no se reconoció el pago por los 05 años, del 2013 al 2017, que constituye un derecho justo y legal, por tanto, corresponde que les sean reconocidos y reintegrados como devengados a los pensionistas afectados de las FF.AA. y PNP.

“La ley no generaría gastos adicionales para el Tesoro Público, pues se financia con cargo al presupuesto o pliego institucional de cada entidad, sin demandar recursos adicionales”, dijo.

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