Uno de los “personajes más buscados” en el país, y que se encuentra prófugo de la justicia, es Vladimir Cerrón, fundador y líder del partido político Perú Libre.
A pesar de tener una orden de captura vigente y llevar 317 días en la clandestinidad, esto no le ha impedido estar presente en las celebraciones de su partido. El exgobernador de Junín enfrenta acusaciones que, según la Fiscalía, lo vinculan con un desbalance patrimonial significativo de origen desconocido.
En particular, la tesis fiscal sostiene que Cerrón habría acumulado más de cinco millones de soles en ingresos no justificados, lo que ha llevado a la incautación de S/.1′613.512,43 de sus cuentas bancarias. Las autoridades fiscales señalan que Cerrón Rojas tiene ingresos en sus cuentas de origen desconocido y ascienden a un total de 5′041.661 soles.
El 2 de agosto, la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima presentó una demanda, acompañada de un pedido de incautación de los fondos encontrados en dos cuentas bancarias a nombre de Cerrón. Esta medida fue concedida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de Lima, que determinó la necesidad de asegurar estos recursos hasta la conclusión del proceso judicial. El dinero incautado forma parte del monto que, según la Fiscalía, el líder de Perú Libre no logró justificar adecuadamente durante su carrera como médico y su gestión como gobernador regional.
Entre los años 2008 y 2021, la Fiscalía sostiene que Cerrón acumuló un desbalance patrimonial ascendente a S/.6′387.070,42. Este monto no estaría respaldado por sus ingresos declarados, lo que llevó a las autoridades a suponer que dicho incremento patrimonial podría provenir de actividades ilícitas. La sospecha se ve reforzada por las condenas previas que recibió por delitos de corrupción, específicamente en los casos conocidos como “Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Oroya” y “Aeródromo Huanca”, ambos relacionados con su gestión como gobernador.
Según la investigación de Punto Final, se conoció que una de las cuentas incautadas del prófugo de la justicia pertenece al Banco Continental y que tiene un saldo total de 376.969,13 soles. La Fiscalía de extinción de dominio señaló que entre octubre y diciembre del 2017, Vladimir Cerrón realizó tres depósitos a una cuenta de plazo fijo de la misma entidad bancaria, pero diferente a la señalada.
Desde la clandestinidad y mediante sus redes sociales, el líder de Perú Libre defendió la legitimidad de su patrimonio, aludiendo a una auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Según Cerrón, la auditoría habría concluido que sus cuentas son lícitas, respaldadas por su trayectoria como neurocirujano, sus sueldos como gobernador y sus ingresos por docencia universitaria. Además, señaló que su única propiedad, una casa construida seis años antes de asumir como gobernador, es prueba de que no existe un desbalance en su patrimonio.
“La auditoría de la Sunat ha concluido que mis cuentas son lícitas y provienen de mis 20 años de trabajo como neurocirujano, de los sueldos que percibí como gobernador, en EsSalud y de mi labor en la docencia universitaria. La casa que tengo se construyó seis años antes de que fuera gobernador, y es la única propiedad que poseo”, escribió mediante su cuenta de X.
No obstante, la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima presentó un informe pericial contable, identificado como número 401-2022, que abarca el período comprendido entre 2008 y 2021. En este informe, se concluye que presenta un desbalance patrimonial de más de cinco millones de soles, lo que motivó la solicitud de prisión preventiva en 2022. Aunque esta solicitud fue desestimada en su momento, las autoridades continuaron con las investigaciones que finalmente desembocaron en la medida cautelar ejecutada este año.
La Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima continúa con sus procedimientos en un contexto de alta presión mediática y política. Las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, amparadas en la Constitución y en acuerdos internacionales, siguen enfocadas en su misión de combatir las estructuras que financian actividades ilícitas.
Mientras tanto, las investigaciones en torno a Cerrón siguen su curso. La incautación de más de S/.1,6 millones, aunque significativa, es solo una parte de un caso mucho más amplio que podría tener consecuencias profundas tanto para el futuro de Cerrón como para el panorama político del país.
