Un grupo de 16 ciudadanos peruanos presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede de La Haya, por las muertes ocurridas en las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El mencionado grupo suscribió una declaración pública.
Entre los firmantes figuran Marisol Pérez-Tello, Mirtha Vásquez (expremier de Pedro Castillo), Diego García- Sayán, Harold Forsyth (exrepresentante ante la OEA designado por el gobierno de Pedro Castillo), Walter Albán, Indira Huilca Flores, Oswaldo de Rivero Barreto, ex embajador de Pedro Castillo en EE.UU., entre otros.
Los suscriptores afirman que su denuncia tiene fundamento en “categóricos informes de países y de organismos internacionales incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional”.
La exministra de Justicia y abogada Delia Muñoz Muñoz, comenta para Correo que “en principio, no se puede decir que es una denuncia plenamente viable o que ya existe, porque solo puede hacer una denuncia el Fiscal de la Corte, por iniciativa propia o a pedido de los Estados”.
Explica que, conforme a los estatutos de la CPI solo los Estados y la Fiscalía de la CPI pueden presentar denuncias.
“Usualmente, lo que hacen los privados es presentar una denuncia y la Fiscalía de la Corte la acoge y le da trámite, o no”, añade.
“Le corresponderá a la Fiscalía de la Corte analizar si es que estamos en un supuesto de negativa de investigación por el Estado peruano o falta de prolijidad en el proceso”, precisó.
Para el congresista Fernando Rospigliosi se trata “de una campaña de comunistas y caviares (…) básicamente, pretenden que se enjuicie no solo a Dina Boluarte sino también a los militares y policías que defendieron al Perú de ese ataque”.
