Luis Molina Arles, exburgomaestre de Miraflores y funcionario de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es objeto desde agosto pasado de una investigación preliminar que abrió el Ministerio Público por el presunto lavado de activos.
Un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que la disposición fiscal fue iniciada a raíz de la edificación del boulevard de la calle San Ramón (conocida como la calle de Las pizzas) con un presupuesto de 2 millones de soles.
La indagación del organismo público comprende a su esposa Cecilia Costa Morán y su hijo Luis, quienes se habrían beneficiado con esa obra que Molina Arles impulsó en su gobierno municipal (2019-2022).
Cuando se iniciaron los trabajos de remodelación de dicha zona en enero de 2021, el entonces alcalde anunció a la prensa que se iba a construir el mercado San Ramón, que alberga varios restaurantes. Tiempo después, se materializó la obra. El socio de este proyecto es Luis Molina Costa, hijo del exalcalde.
Para ejecutar la obra, el empresario obtuvo todos los permisos de la Municipalidad de Miraflores que presidía su padre.
El dominical dio cuenta, además, que la esposa del exalcalde y dueña de la empresa Eritos S.A.C. inauguró la cevichería “Donde Erito” en dicho mercado.
Molina Arles, que ejerce actualmente el cargo de presidente del Consejo Directivo del Serpar Lima, así como del Directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. (Emilima) y del Instituto Catastral de Lima, alegó que su “actividad política como alcalde generó muchos enemigos, que quieren vengarse” de lo que hizo “para recuperar el orden y la tranquilidad en el distrito”.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que en este caso se “vislumbra el diseño de una organización criminal” integrada por Luis Alfonso Molina Arles, Luis Enrique Molina Costa y Cecilia del Carmen Costa Morán.
“Se tienen suficientes elementos que nos permiten calificar que los presuntos actos de lavado de activos están siendo cometidos dentro de una organización criminal”, se lee en el documento fiscal.
En un comunicado, el funcionario rechazó las acusaciones en su contra, tachándolas de «falsas», y aseguró que «no tienen ningún sustento real»
«Se trata de un intento malintencionado de dañar mi imagen y trayectoria política y profesional, que responde a intereses oscuros ajenos a la verdad», dijo.
Luis Molina afirmó que colaborará con el Ministerio Público para aclarar este caso y demostrar su inocencia. «He puesto a disposición de mi defensa toda la documentación necesaria que acredita la transparencia de mis bienes y rentas», añadió.
