Por Berit Knudsen
Donald Trump denunció que Venezuela ha vaciado sus cárceles enviando criminales a Estados Unidos, pero este fenómeno no es nuevo, es una política implementada por los países autoritarios latinoamericanos desde 1980 por lo menos. Esta práctica, cada vez más recurrente, no solo tiene implicaciones para la seguridad regional; es una política que permite a estos regímenes aligerar la carga económica que implica el mantenimiento de sus centros penitenciarios.
Uno de los ejemplos más notorios de esta modalidad se remonta a 1980, durante el éxodo del Mariel, cuando Fidel Castro permitió que más de 125,000 cubanos emigraran a Estados Unidos. El grupo incluía no solo a ciudadanos que buscaban libertad y oportunidades para mejorar su calidad de vida, sino que el gobierno cubano decidió liberar presos de los centros penitenciarios y sanatorios mentales, forzando a las embarcaciones que llegaban desde La Florida a incluirlos como pasajeros. Este hecho, ampliamente documentado, sentó precedentes en la utilización de la emigración forzada de reclusos como herramienta política.
En conferencia de prensa en Nueva York, Donald Trump acusó a Venezuela por reducir su criminalidad en un 72% vaciando sus prisiones, enviando delincuentes a Estados Unidos. Señaló que esta no es una práctica aislada de Venezuela, mencionando a la República Democrática del Congo como ejemplo. Estas declaraciones muestran la preocupante expansión de redes criminales internacionales y el impacto en la seguridad no solo en Estados Unidos.
Un caso específico que destaca la magnitud del problema es la expansión del Tren de Aragua, banda criminal venezolana establecida en Estados Unidos y América Latina, forzando a mujeres a la prostitución y extendiendo su influencia delictiva. Este fenómeno ilustra cómo la liberación de presos y su migración forzada exacerba la criminalidad en los países receptores.
La práctica de vaciar cárceles ha sido utilizada por diversos gobiernos en América Latina, con graves consecuencias. En 2011, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, liberó a 20,000 reos para formar grupos paramilitares para intervenir las manifestaciones civiles. Estos grupos, conocidos como «Colectivos», recibieron armas y continúan operando bajo el régimen de Nicolás Maduro.
En 2011 en Ecuador, durante el mandato de Rafael Correa, se implementaron controvertidas políticas de legalización de pandillas y concesión de indultos presidenciales, resultando en un aumento de la criminalidad organizada. En El Salvador, la tregua entre el gobierno y las pandillas como la “Pandilla 18” y “Mara Salvatrucha” en 2012 evidenció las mismas complicaciones al negociar con elementos criminales.
La creciente infiltración del crimen organizado, persecución política transnacional y contratación de grupos delictivos para silenciar a disidentes han intensificado la inseguridad. El incremento de la violencia e inseguridad en América es una problemática que debe ser abordada formando coaliciones entre los países democráticos frente a países autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y también contra mandatarios como Gustavo Petro en Colombia, Manuel López Obrador en México y los remanentes de las guerrillas que actúan en bloque, perennizando esta grave problemática.
La historia y hechos recientes revelan que “vaciar las cárceles” es una táctica empleada no solo para aliviar la presión sobre los sistemas penitenciarios; es una herramienta política usada intencionalmente para desestabilizar la región. Este fenómeno, que comienza en tiempos de Fidel Castro, sigue teniendo relevancia y graves consecuencias como lo demuestra la situación en Estados Unidos y Latino América, que padece por la expansión del crimen organizado.
