– ¿Cuál es su impresión de la acusación contra el Juez Supremo, Jorge Salas Arenas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso?
Que esa acusación tiene sustento. Es un hecho muy grave que lo implica como instigador del delito de negociación incompatible y diría algo más: ese magistrado, por sus antecedentes, no debe estar en la Corte Suprema. Debió haber sido destituido y procesado penalmente porque estuvo implicado en el caso de los «Cuellos Blancos del Puerto». Un recomendado suyo fue contratado, a su pedido, por el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Otros jueces han sido sancionados, pero a él no le pasa nada.
– ¿Quién lo protege?
Que responda el órgano de control interno del Poder Judicial o la Junta Nacional de Justicia que se han cruzado de brazos o lo han blindado.
– También fue muy cuestionada su actuación en le presidencia del Jurado Nacional de Elecciones.
Así es, porque impidió ilegalmente que el APRA inscriba su lista de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino en las elecciones de abril del 2021, debido a que el JNE cerró el sistema a medianoche del 20 de diciembre del 2020. Dos años y medio más tarde, el 27 de abril del 2023, el Tribunal Constitucional, por sentencia 0297, descalificó a Salas Arenas, declarando fundado el recurso de agravio presentado por el APRA, “al haberse acreditado la vulneración de su derecho a la participación política”. Y, lo mismo pasó con el PPC, otro partido democrático al que eliminó arbitrariamente. Esos vetos fueron golpes a la democracia.
– Pero, en cambio, inscribió la lista presidencial de Perú Libre, a pesar de que no acreditaron dos candidatos a la vicepresidencia.
Y lo hizo vulnerando el artículo 111 de la Constitución, que establece que las fórmulas o planchas presidenciales tienen que ser presentadas con un candidato a la presidencia y dos a la vicepresidencia. En el caso de Perú Libre presentaron solo un candidato a la vicepresidencia, porque Vladimir Cerrón fue excluido. La otra candidata era la señora Dina Boluarte, que no podía postular porque el artículo 107, inciso c) de la Carta Fundamental prohíbe candidatear a quienes forman parte del sistema electoral y la señora Boluarte en ese entonces era jefe de la oficina de la RENIEC en Surco. Por tanto, debió ser tachada.
– Podríamos decir, entonces, que Salas Arenas fue el padrino político de Castillo
Sin duda. Y, por tanto, es corresponsable de un gobierno fallido, corrupto, que nombró como ministros y altas autoridades públicas a personas incapaces, otros vinculados al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Fue un milagro político que no termináramos como Nicaragua o Venezuela o que termináramos en una guerra civil.
– Salas Arenas, en vez de ser destituido y procesado penalmente, fue retornado a la Corte Suprema, como vocal.
Eso se llama impunidad premiada. Encima, cuenta con doce policías de seguridad que lo protegen en su oficina, domicilio y desplazamientos, porque presentó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, foro donde denunció que lo querían asesinar. La misma denuncia hizo en la ONU y la Comunidad Europea. La «prueba» fue la presentación de un video donde una señora grita «muera Salas Arenas». Ese es el grito que siempre escuchamos los políticos de uno u otro sector. Imagínese cuántos gritos de esa naturaleza ha recibido la presidenta, los ministros, parlamentarios y autoridades en general, además de insultos, agresiones físicas y lanzamiento de piedras. Pero a ninguno de ellos se le ocurrió ir a lloriquear a los organismos internacionales
– ¿Qué otras acusaciones tiene Salas Arenas?
Su expediente es bastante grueso e incluye graves denuncias de Zamir Villaverde y Salatiel Marrufo, personajes vinculados a Pedro Castillo, que declararon ante el Ministerio Público que hicieron gestiones exitosas ante Salas Arenas para desechar las actas impugnadas por Fuerza Popular y así permitir el triunfo de Castillo. Todos esos episodios tienen un olor fétido y deberían ser investigados porque por medio está el estado constitucional de derecho, los principios y valores democráticos que deben prevalecer más allá de las personas, de los partidos y de las circunstancias. En nuestro país no puede haber vacas sagradas, personajes que actúan incorrecta o ilegalmente y no les pasa nada, porque quienes proceden de esa forma tienen que tener cómplices que los protegen o encubren.
– ¿Usted cree que esto tenga consecuencias penales?
Eso lo deben determinar los jueces, respetando el debido proceso. Pero pienso que la subcomisión debe acoplar al expediente los asuntos que también estoy señalándole.
– ¿Cree que los caviares están detrás de Jorge Salas Arenas?
No me extrañaría que estén detrás o adelante porque Salas Arenas, cuando era abogado en Arequipa, que es su tierra, defendió a un terrorista, aunque él dice que lo hizo por pedido de la Iglesia. Además, sus antecedentes en Arequipa lo ubican exactamente en esa corriente política. En ese contexto, recordemos que hay una gran crisis en el sistema de justicia. El descrédito de la Fiscalía y el Poder Judicial es muy grande y la impresión pública es que muchos magistrados actúan en base a simpatías o preferencias políticas. Ese es uno de los temas prioritarios que debe abordar el próximo Gobierno y Parlamento.
