El Poder Judicial ordenó la incautación y decomiso definitivo de más de S/ 1 millón 600 mil pertenecientes al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, ello por los procesos judiciales que enfrenta por presunto lavado de activos, criminalidad organizada y delitos contra la administración pública, por el caso de los ‘Dinámicos del Centro’.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima, a cargo del juez Juan Antonio Rosas Castañeda, quien declaró fundada la demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público. En concreto, se trata de la suma de S/ 1’236,543.30 incautada en una cuenta de ahorros bancaria y S/ 376,969.13 retenida mediante un cheque de gerencia, haciendo un total de S/ 1’613,512.43 que será transferido al Estado peruano.
La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró en diciembre pasado que, en audiencia de apelación, se confirme la medida cautelar de incautación contra Cerrón. Según el fallo, esta suma representa un incremento patrimonial no justificado, ya que no existen elementos que permitan establecer que provenga de actividades lícitas.
El Ministerio Público sostuvo que estos fondos del dueño de Perú Libre estarían vinculados a actividades ilícitas cometidas por Cerrón durante su gestión como gobernador regional de Junín, particularmente delitos contra la administración pública, lavado de activos y crimen organizado.
Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía reforzó los argumentos sobre la existencia de los fondos en las cuentas de Cerrón, así como el peligro en la demora del proceso y la razonabilidad de la medida. Esto llevó a la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima a presumir preliminarmente que el dinero incautado constituye un aumento patrimonial no justificado, que excede los ingresos que Cerrón podría haber obtenido legalmente por su actividad económica.
Los antecedentes del caso se remontan a una denuncia de mayo de 2021, que alertó sobre movimientos financieros sospechosos realizados por Cerrón Rojas, incluyendo depósitos en efectivo de grandes sumas de dinero.
El representante del Ministerio Público argumentó que el dinero en cuestión constituía un incremento patrimonial no justificado, al no haber quedado demostrado su origen lícito. Para ello, se presentaron pruebas documentales y periciales que respaldaron esta afirmación, incluyendo declaraciones juradas de Cerrón Rojas, así como reportes de la Sunat. Asimismo, el requerido ha ejercido su derecho a la defensa a través de sus abogados, a pesar de encontrarse en la clandestinidad.
Cabe precisar que el curso de los procesos penales que enfrenta Cerrón Rojas, no incide en lo que se decida en el proceso de extinción de dominio, debido a la autonomía que actualmente es la fundamental característica de dicho subsistema fiscal.
Como parte de la sentencia de extinción de dominio, se dispuso que el derecho de propiedad sobre las sumas dinerarias pase a titularidad del Estado, bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Este fallo judicial, en aplicación al vigente Decreto Legislativo N° 1373 (Ley de Extinción de Dominio) -cuya efectividad podría ser debilitada si se promulga una reciente modificación realizada por el Congreso de la República- representa un importante logro en la lucha contra la criminalidad organizada y la recuperación de activos ilícitamente obtenidos.
