Por medio de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) hizo público su rechazo al proyecto propuesto por el Congreso que crea la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la actual Junta Nacional de Justicia.
“No ha mediado un debate público que garantice la participación ciudadana, y en el contexto de un ataque constante y sistémico contra la JNJ, se pretende consolidar el control político del Congreso sobre el Poder Judicial y los Órganos Autónomos (…)”
La agrupación de magistrados no niega que la creación de un mecanismo de nombramiento y ascenso de jueces con base en meritocracia sea avance. Sin embargo, también reconoce que el proyecto del Congreso “establece mecanismos cerrados e intervencionistas de nombramiento, de ascenso y de remoción de los y las magistradas (…)”.
Uno de los puntos señalados en el comunicado de los magistrados indica que la norma impulsada por el Poder Legislativo no ha definido ni justificado cuáles son las funciones del “Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia” ni por qué está integrado por los ministros de Economía y del Interior, que serían los representantes del Poder Ejecutivo en esta agrupación.
En ese sentido, el pronunciamiento denuncia que se está ejecutando un “control político directo y absoluto del Congreso, no solo sobre la Escuela de la Magistratura, sino sobre el Sistema de Administración de Justicia”
El pre dictamen del proyecto de ley del Congreso también indica que los jueces y fiscales están prohibidos de “emitir opiniones políticas”. Sin embargo, ‘Jusdem’ refuta esto, pues asegura que esto afecta al derecho de expresión de los magistrados.
La iniciativa de los congresistas es considerada por la agrupación de magistrados como “(…) una grave afectación al ejercicio del derecho de expresión que le asiste a todo Magistrado de pronunciarse en asuntos que atañen estrictamente a la administración de justicia y en defensa de los Derechos Humanos y el Estado Constitucional de Derecho”
El documento difundido por Jusdem también sostiene que la actitud actual del Congreso representa un “actos violatorios del Congreso al principio de equilibrio de poderes y que tienen por propósito el control político del Poder Judicial, desconociendo la independencia de los jueces y juezas”
Finalmente, se hace un llamado no solo a diversas instituciones, sino también a los ciudadanos para que estén pendientes de la vigilancia de la defensa del Estado Constitucional de Derecho porque “de ello depende la vigencia de los derechos fundamentales y la preservación de la democracia”
El jueves pasado, antes del inicio del feriado largo, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, liderada por la fujimorista Martha Moyano, aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que será reemplazada por una nueva institución, la Escuela Nacional de la Magistratura.
No solo eso, sino que la norma también influye directamente en la elección de los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Ambas son instituciones clave para las próximas elecciones y la iniciativa legislativa hace que sus titulares sean seleccionados por el Congreso.
El siguiente paso en el proceso legislativo será la presentación de la propuesta al Pleno del Congreso para su debate y posible aprobación. De acuerdo al reglamento del Congreso, para que esta reforma constitucional se haga efectiva, debe ser aprobada en una doble votación en el Pleno, que debe ocurrir en dos legislaturas consecutivas. A diferencia de las leyes ordinarias, para esta iniciativa no es posible exonerarla de una segunda votación.
