La Secretaria Nacional de Justicia de Brasil suspendió la cooperación jurídica con el Perú en el caso Lava Jato, en donde está involucrada la empresa Novonor (antes Odebrecht).
De ese modo, procesos emblemáticos estarían en riesgo como caso Cócteles que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como Gasoducto Sur Peruano o IIRSA Norte, en los cuales están implicados Ollanta Humala y Alejandro Toledo, respectivamente.
El medio brasileño O Globo reveló que la decisión fue tomada luego de que las autoridades peruanas utilizaran pruebas declaradas inválidas por el Supremo Tribunal Federal (STF), en 2023.
Las suspensiones de la cooperación internacional se produjeron a solicitud de Novonor, la cual argumentó que las autoridades del Perú no respetaron las restricciones sobre el uso de pruebas, establecidas en los acuerdos firmados con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia.
Al ser consultado al respecto, el integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, detalló que aún no le notificaron formalmente lo establecido, sin embargo, están a la espera.
No obstante, expresó que no es la primera vez que sufren un revés, puesto que, “ha habido un sistemático ataque al proceso de colaboración eficaz aquí en el país“.
Pese al retroceso que la medida brasileña representaría para los casos que investiga, el fiscal volvió a defender el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, precisando que hasta el momento se logró cuatro condenas.
De esta manera, los procesos seguidos en la trama de corrupción con Odebrecht estarían en riesgo ante la radical medida.
El principal obstáculo que tendrán ahora los fiscales peruanos es el acceso a nuevas evidencias obtenidas en Brasil.
De acuerdo al acuerdo de cooperación entre ambos países, la información enviada al Perú solo puede ser utilizada en el proceso que dio origen a la solicitud de cooperación y no en otras demandas o procedimientos de arbitraje, ni puede ser compartida con otra autoridad.
En ese sentido, las pruebas en manos del Ministerio Público peruano solo podrán ser utilizadas estrictamente en el caso para el que fueron obtenidas. Asimismo, la suspensión implica la interrupción del flujo de información desde Brasil, lo que significa que la justicia peruana dejará de recibir nuevos testimonios provenientes de los interrogatorios a los directivos de la constructora Odebrecht.
Por otra parte, la suspensión de cooperación también puede generar retrasos en procesos judiciales del caso Lava Jato que aún siguen en curso.
“DERROTA ES SU CULPA”
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, lamentó la suspensión de colaboración jurídica internacional con Brasil por caso Lava Jato relacionado con los procesos a Odebrecht.
Salhuana Cavides recordó la importancia del trabajo en conjunto con las autoridades judiciales del vecino país, por lo que consideró que la situación es un “traspié de la justicia peruana”.
“Es lamentable siendo un caso tan emblemático, tan importante para nosotros. Una empresa extranjera había generado situaciones de corrupción desde los más altos funcionarios del Estado. Evidentemente, es un traspié de la justicia peruana“, expresó.
El presidente del Congreso también se refirió sobre las quejas del fiscal José Domingo Pérez, quien aseguró que la medida de Brasil es en consecuencia del ataque sistemático hacia el equipo.
El titular de la Mesa Directiva recordó que los organismos son autónomos y que Pérez ha tenido las facilidades para actuar, por ende, pidió no culpar a otros por sus derrotas.
“El Congreso es autónomo y él también es autónomo. Él ha tenido todas las facilidades, al igual que el grupo de trabajo que lidera el fiscal Vela Barba. No hay que echar la culpa al resto de nuestras ineficiencias”, arremetió.
