Familiares de detenidos en las protestas de Venezuela y varias ONG denunciaron que el Estado impide que sean asistidos por la defensa privada y tengan contacto con sus familiares, tras ser capturados cuando manifestaban contra el resultado de las presidenciales anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro.
A las afueras de un centro penitenciario al este de la ciudad de Caracas, donde se congregaron familiares y miembros de diversas organizaciones, la coordinadora jurídica de la ONG Foro Penal, Stefania Migliorini, afirmó que a algunos capturados los están presentando “en tribunales de terrorismo” y sin el acceso a una defensa con abogados privados.
Asimismo, mencionó que el Foro Penal registró “más de 250 personas detenidas”, de entre 15 y 65 años, aunque la cifra podría ser mayor, ya que las organizaciones recibieron unos “672 reportes de denuncias de familiares” desde el pasado lunes hasta la mañana de ayer.
Otros, bajo condición de anonimato, dijeron que sus allegados fueron capturados cuando se encontraban en su casa, “caminando” o “regresando del trabajo”, mientras que una parte confirma que fueron detenidos cuando participaban en las manifestaciones.
Por su parte, el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.
Asimismo, denunció que los detenidos están recibiendo “acusaciones genéricas” y “no individualizadas”, un “patrón” que ya “ocurrió” en las protestas de 2014 y 2017.
“A todos los detenidos se les están imputando los mismos delitos, que son traición a la patria, instigación al odio, asociación para delinquir y (…) obstrucción a las vías públicas”, mencionó el activista.
