A diciembre de 2024, un total de 2.476 obras públicas permanecen paralizadas en todo el territorio peruano, acumulando un monto de inversión que supera los S/43.118 millones, según el Informe de Obras Públicas Paralizadas en el Territorio Nacional. Este reporte, elaborado a partir de datos de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (Infobras), el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y otras plataformas oficiales, detalla la magnitud del problema en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional.
El informe revela que el Gobierno Local concentra la mayor cantidad de obras detenidas, con 1.782 proyectos que representan una inversión de S/9.798 millones. Le sigue el Gobierno Nacional, con 384 obras paralizadas y un monto de S/15.837 millones, mientras que el Gobierno Regional registra 310 obras con un costo de S/17.482 millones. Estas cifras reflejan un problema estructural que afecta directamente el desarrollo de infraestructura en el país.
Las regiones con las obras públicas paralizadas más costosas son Arequipa (S/7.709 millones), La Libertad (S/5.646 millones), Lima (S/4.637 millones), Piura (S/2.595 millones), Cajamarca (S/2.578 millones), y Cusco (S/2.013 millones).
El informe aclara que una obra pública se considera paralizada cuando, tras haber iniciado su ejecución física, no registra avances durante un periodo de seis meses o más debido a causas como controversias, abandono, deficiencias técnicas, factores climáticos o situaciones imprevistas. Esta definición permite un seguimiento más preciso de los proyectos detenidos y facilita la identificación de soluciones.
El sector más afectado por la paralización de obras es el de Transportes y Comunicaciones, que concentra 715 proyectos detenidos, lo que equivale al 28,9% del total nacional. De estas obras, 548 corresponden al Gobierno Local, 86 al Gobierno Regional y 81 al Gobierno Nacional. En segundo lugar, se encuentra el sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que representa el 20,9% de las obras paralizadas.
Estas cifras evidencian que los sectores clave para el desarrollo de infraestructura y servicios básicos enfrentan serios obstáculos para completar los proyectos planificados, lo que repercute en la calidad de vida de los ciudadanos y en el crecimiento económico del país.
En cuanto a la modalidad de ejecución, el informe detalla que la mayoría de las obras paralizadas, 1.223 proyectos, fueron contratadas bajo la modalidad de Por Contrata. De estas, 661 pertenecen al Gobierno Local, 233 al Gobierno Regional y 329 al Gobierno Nacional. Este dato pone en evidencia la necesidad de revisar los procesos de contratación y supervisión para evitar que los proyectos queden inconclusos.
Por otro lado, el 98,5% de las obras paralizadas, es decir, 2.438 proyectos, se ejecutaron bajo las modalidades de administración directa o por contrata, acumulando un monto de inversión de S/34.273 millones. Entre estas, 546 obras presentan un avance físico significativo, lo que sugiere que podrían ser retomadas con una adecuada gestión.
El análisis por rangos de inversión muestra que las obras con un costo actualizado menor a S/1 millón representan el 36,5% del total, con 904 proyectos detenidos. Este dato indica que, aunque las inversiones más pequeñas son las más numerosas, el impacto económico de las paralizaciones es significativo en todos los niveles.
Además, el informe clasifica las obras según su avance físico. La mayor cantidad de proyectos paralizados, 301 obras, registra un avance del 80% al 90%, con una inversión de S/3.195 millones. Le siguen 290 obras con un avance del 60% al 70%, que representan un monto de S/7.891 millones. Esto evidencia que muchas obras están cerca de ser concluidas, pero enfrentan barreras que impiden su finalización.
El informe identifica varias causas que explican la paralización de las obras públicas. El 25,4% de los proyectos detenidos se debe a incumplimientos contractuales, mientras que el 21,2% está relacionado con la falta de recursos financieros. Otras razones incluyen deficiencias en los expedientes técnicos (10,9%) y factores externos como controversias, abandono o situaciones climáticas imprevistas.
Estas cifras subrayan la necesidad de fortalecer los procesos de planificación, financiamiento y supervisión de las obras públicas para evitar que los proyectos queden inconclusos y generen pérdidas económicas.
El informe también detalla que 257 obras paralizadas, con una inversión de S/4.152 millones, están vinculadas al marco normativo de la Reconstrucción con Cambios, mientras que 1.916 proyectos, que representan S/29.320 millones, se encuentran bajo los alcances de la Ley N.º 31589 y el Decreto Legislativo N.º 1584. Además, solo 851 obras están registradas en el inventario del Banco de Inversiones, lo que refleja una brecha en el seguimiento y control de los proyectos.
En respuesta a esta problemática, la Contraloría General de la República ha llevado a cabo 3.891 servicios de control en todo el país, de los cuales el 94,6% corresponde a control simultáneo, el 4,5% a control posterior y el 0,9% a control previo. Estas acciones buscan identificar y corregir las irregularidades que han llevado a la paralización de las obras.
La magnitud de las cifras presentadas en este informe pone de manifiesto la urgencia de abordar las causas estructurales que afectan la ejecución de obras públicas en Perú. Resolver esta problemática no solo permitirá optimizar los recursos invertidos, sino también garantizar que los proyectos de infraestructura cumplan con su propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
