La fiscalía de Venezuela solicitó este lunes el arresto de Edmundo González Urrutia, rival del dictador Nicolás Maduro en las elecciones de julio en las que el mandatario fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude por parte de la oposición.
En un escrito, el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes pidió la orden de aprehensión contra González Urrutia por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje y asociación ilícita.
Un tribunal especializado en delitos relacionados con terrorismo tomó el pedido y emitió una orden de aprehensión contra González Urrutia.
González Urrutia se ausentó a tres citaciones del Ministerio Público Fiscal del chavismo en la última semana. La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83,5% de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.
La PUD divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de “falsas”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamase como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.
Por ello, la Fiscalía citó al abanderado de la PUD por “la presunta comisión los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
El jueves, cuando se hizo pública la tercera boleta de citación, la Fiscalía advirtió que, de no asistir nuevamente, le será “librada una orden de aprehensión respectiva” al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.
El pasado domingo, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
A su juicio, el fiscal general “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.
