La prolongada ausencia pública de Evo Morales encendió las alarmas en el escenario político boliviano. El ex mandatario y primer presidente indígena del país lleva más de cuatro semanas sin apariciones públicas, sin conducir su tradicional programa radial ni participar en actos políticos, en un contexto marcado por una orden de detención vigente y un fuerte reordenamiento del poder tras el cambio de gobierno.
Morales no se muestra públicamente desde el 8 de enero, cuando participó en una reunión con comerciantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Desde entonces, el silencio alimentó especulaciones sobre su paradero, especialmente luego de que la Justicia lo declarara en rebeldía por no presentarse a audiencias en una causa por presunta trata agravada de personas.
Dirigentes cercanos al ex presidente evitaron dar precisiones. Vicente Choque, referente campesino afín a Morales, se limitó a señalar que se encuentra “a buen recaudo” y “cuidando la salud”. En la misma línea, Dieter Mendoza, vicepresidente del sindicato cocalero del Trópico de Cochabamba, aseguró que el líder político atraviesa un período de “reposo total” tras haber contraído dengue a mediados de enero.
La investigación judicial se remonta a más de un año atrás. La Fiscalía de Tarija acusa a Morales de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su tercer mandato presidencial, con quien habría tenido un hijo en 2016. El ex mandatario rechazó reiteradamente las acusaciones y denunció persecución política. Aunque la acusación formal fue presentada en octubre de 2025, la orden de captura aún no fue ejecutada.
Desde octubre de 2024, Morales se mantenía refugiado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. En esa región, miles de cocaleros montaron un cerco de protección que incluyó vigilias permanentes y bloqueos de rutas durante 24 días, impidiendo el ingreso de fuerzas policiales y convirtiendo la zona en un territorio prácticamente inaccesible para el Estado.
Su última aparición pública coincidió con reportes de sobrevuelos de helicópteros en la región del Chapare, lo que generó alarma entre sus seguidores. El Gobierno explicó que se trató de un operativo antinarcóticos dentro de un programa de cooperación internacional. “La vigilancia del Estado no debería ser una amenaza para nadie”, afirmó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.
Mientras el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que Morales permanece en el Chapare —región que describió como una “detención domiciliaria de facto”—, sectores opositores sostienen otra versión. El diputado Edgar Zegarra, del partido Libre, afirmó que el ex presidente habría salido del país con destino a México, aunque sin presentar pruebas. La Policía boliviana negó registros de una salida oficial, aclarando que solo puede certificar movimientos por vías legales.
El silencio de Morales se produce en un clima político especialmente tenso. El presidente Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre de 2025, impulsó un giro en la política exterior, restableció relaciones con Estados Unidos y anunció el retorno de la DEA, expulsada del país en 2008 durante el gobierno de Morales. Esta decisión generó temor entre los cocaleros del Chapare, que reforzaron su sistema de seguridad ante la posibilidad de una operación internacional para detener al ex mandatario.
La prolongada ausencia de Morales rompe con su histórico perfil público. Durante años, fue una figura central del debate político y mediático boliviano, con presencia constante en actos sindicales y en su programa radial dominical. Su actual silencio, en medio de causas judiciales, disputas internas y un cambio de ciclo político, profundiza la incertidumbre sobre su futuro inmediato y su rol en la política del país.
