Los Oficiales Generales y Almirantes, en situación militar de retiro, pertenecientes a la “Asociación de Oficiales Almirantes y Generales del Perú” (ADOGEN-PERÚ), rechazaron el comunicado suscrito por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en el que solicitaban la derogación de la ley 32107 que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
“Nuestro rechazo al mencionado comunicado y total desacuerdo que los máximos pastores de nuestra fe adopten posturas políticas ideologizadas. ADOGEN-PERÜ enfatiza su respeto a los miles de pastores de la Iglesia Católica en el Perú que humildemente continúan la misión de Cristo, y nos solidarizamos con ellos ante un mensaje errático y desorientador cuando la labor pastoral es enseñar auténticamente la fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía y de dirigir su Iglesia como verdaderos pastores, ajenos a cualquier inclinación de carácter político, respetando al Estado y su independencia de poderes”, señalaron en un comunicado.
“Nuestra extrañeza al observar la cita bíblica del Antiguo Testamento del Libro del Génesis 4:10, “El Señor le replicó: ¿Que has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo”, haciendo referencia al crimen cometido por Caín contra su hermano Abel, entendiendo que los únicos que emularon a Caín en nuestro País fueron los sanguinarios y crueles terroristas de Sendero Luminoso (SL), y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que desataron una secuela de crímenes generando solo muerte, destrucción y desolación en todo el territorio nacional por más de 20 años, siendo considerados como organizaciones terroristas (OT) que merecieron la calificación de genocidas según lo establecido por Resolución del Comité de DDHH de la ONU, 21 julio 1992”, añadieron.
Asimismo, “es de extrañar el silencio de la CEP en el inicio de la Lucha Armada (ILA) de Sendero Luminoso, que enlutó a miles de familias peruanas, ignorando los más de 2,300 militares fallecidos en defensa del Estado de Derecho y la Democracia que les permite hoy seguir predicando en Iglesias que no han sido cerradas ni arrasadas como en Nicaragua”.
“Duele vuestra indiferencia ante los miles de militares y policías mutilados y todos los sufrimientos conexos de las familias afectadas. Duele su silencio cuando organismos llamados de DDHH hace que el Estado indemnice a terroristas únicos causantes de las decenas de miles de muertos en el Perú, siendo importante enfatizar que actualmente dos de los integrantes del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana ejercieron con anterioridad el más alto cargo del Obispado Castrense del Perú uno de 1996-2001 y el otro 2013-2014, es obvio que la esencia religiosa y características de función los califica como diestros conocedores de la naturaleza humana, principios y valores del personal de las Fuerzas Armadas, incluyendo su ámbito familiar”, aseveró.
“Invocamos a estar atentos sobre la idoneidad evangelizadora de los pastores católicos asignados a nuestro Institutos Armados que se realiza a través del Obispado General Castrense, circunscripción de la Iglesia Peruana del ordinariato militar latino sujeto a la Santa Sede, quienes deben estar motivados únicamente por ceñirse a nuestros valores intangibles de Dios, Patria y Familia, y no en actividades políticas que vayan en contra de nuestra tradicional cultura en defensa de la Constitución y la Democracia”, concluyeron.
