La fiscalía solicitó 29 años de cárcel para la exalcaldesa de Lima por los delito de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y otros delitos. Además, solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para ella y otros acusados.
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán, habría lavado US$11.293 millones provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS como producto de la trama de corrupción internacional del Caso Lava Jato.
Por ello, se acusó a Villarán de la Puente por los presuntos delitos de delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. En consecuencia, solicitó para ella 29 años de cárcel.
Junto con la exburgomaestre han sido acusados otras 20 personas naturales, 10 personas jurídicas y 16 terceros civiles.
El expresidente de OAS, José Adelmario Pinheiro Filho; el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez; el exgerente de Promoción de la Inversión Privada Municipal, Domingo Arzubialde Elorrieta; el exgerente de Seguridad Ciudadana, Gabriel Prado Ramos; el exregidor Marco Antonio Zevallos y otros, están comprendidos dentro de la acusación. Para ellos se ha pedido penas entre los 25 y 9 años de pena privativa de la libertad.
La fiscalía atribuyó a Villarán y su co-imputados la comisión de 12 hechos delictivos. Entre ellos, sostiene, se produjo una concertación entre la exalcaldesa, sus funcionarios y la empresa brasileña Odebrecht a fin de que ésta sea favorecida con el Proyecto Rutas de Lima en el año 2013.
A cambio, la constructora los habría apoyado con 3 millones de dólares que se habrían usado para contrarrestar el proceso de revocatoria, que pedía la salida de la alcaldesa.
En el marco de dicho proceso, la constructora OAS le habría entregado otros 3 millones de dólares a cambio de la suscripción de la adenda 1 de la concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2013 (donde se acordó ampliar la concesión de la obra por 30 a 40 años a dicha empresa).
Respecto a la suscripción del contrato de la concesión del Proyecto Vía Expresa Sur en el año 2013, la acusación refiere que se habría beneficiado la empresa Graña y Montero y ésta a cambio entregó suma 100 mil dólares que fueron blanqueados en el proceso de revocatoria municipal.
En el 2014, según la fiscalía, Odebrecht le habría transferido otros US$1′193,816.68 por la ejecución contractual del proyecto Rutas de Lima y que se destinarían a la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2014, donde Villarán buscaba reelegirse.
Otros 4 millones de dólares habrían sido entregados a la exalcaldesa y sus funcionarios por parte de OAS en el marco de la suscripción de trato directo en el Proyecto Línea Amarilla. El dinero también habría sido lavado en la campaña de reelección de Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Los representantes del Ministerio Público sostienen que los acusados habrían alterado la documentación financiera y brindado falsa declaración sobre los aportes en los procesos electorales a fin de poder ocultar el ingreso de los activos ilícitos de las constructoras.
