Tras la exposición de Iván Quispe Palomino al ser detenido por la Policía en San Juan de Lurigancho, a pesar de no tener requisitoria o proceso activo, se dio a conocer su confesión del 12 de octubre de 1996, fecha en que aún era parte de una facción de Sendero Luminoso.
En el documento, el arrepentido relató los asesinatos y emboscadas en las que participó bajo la orden de Oscar Alberto Ramírez Durand, alias ‘Camarada Feliciano’.
Quispe Palomino narró cómo ejecutó al alcalde de Concepción, quien fue puesto en la mira de los terroristas por organizar rondas campesinas contra la organización terrorista en Junín.
“Yo lo rematé dándole dos tiros en la cabeza también”, contó a las autoridades. Su confesión fue documentada en un oficio de ocho páginas, a la cual Expreso tuvo acceso.
Allí también puso en conocimiento que entre sus víctimas estuvieron civiles y ronderos que se opusieron al pensamiento senderista.
En total, fue parte de 13 asesinatos por aniquilamiento, emboscadas a patrullas del Ejército del Perú, así como la destrucción de torres eléctricas en Ayacucho, Lima y Huallaga.
Aquella vez Iván Quispe relató que sus cometidos los efectuó mediante el seudónimo de ‘Rolando’, ‘Jaime’ o ‘Carlos’, además de otros cuantos para evitar ser ubicado por las autoridades.
Como se recuerda, la noche del pasado viernes 18 de octubre fue liberado por orden del Poder Judicial al ya no contar con procesos vigentes, pues es un arrepentido que colaboró con la justicia. Incluso, es señalado como un traidor por parte de SL.
La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que Iván Quispe Palomino en la actualidad no tiene requisitoria alguna vigente, pero argumentó que la confusión nació a raíz de los datos vinculados con su hermano, el terrorista Víctor Quispe Palomino.
A pesar de la información proporcionada, respaldaron al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, destacando que vienen “liderando una lucha frontal contra la delincuencia y criminalidad organizada”.
El pronunciamiento de la PNP también resaltó que hasta la fecha capturaron a 61 223 personas con requisitoria, “siendo el Ministerio Público y Poder Judicial quienes determinan la situación jurídica de todos los intervenidos”.
