– ¿Es necesario para poder tener éxito contra la inseguridad ciudadana decretar estados de emergencia en algunos distritos de Lima?
No, porque se ha demostrado que en la práctica no son instrumentos que hayan servido para derrotar a la delincuencia. Más bien han contribuido al gasto innecesario, tanto en municipalidades como gobernaciones. No es una medida válida y, por otro lado, la misma delincuencia ya sabe cómo reaccionar ante un estado de emergencia. Es absolutamente innecesario.
– ¿Y por qué cree usted que el gobierno de Dina Boluarte sigue insistiendo en estas medidas?
No tiene creatividad, no tiene capacidad y sobre todo no entiende el problema que pasa fundamentalmente por un tema de impulso político, liderazgo político y eso no lo tiene ni la presidenta, ni el premier, y mucho menos Juan José Santiváñez, un pobre hombre colocado como ministro del interior, que más está interesado en los audios que salen de él, que de plantear políticas públicas en contra de la delincuencia.
– ¿Tiene algún sentido denominar a la delincuencia como «terrorismo urbano»?
Bueno, yo creo que la derrota de la delincuencia también es una cuestión de percepción y, en ese sentido, la ley, más que por el mecanismo legal, por el choque psicológico, podría servir para derrotar a la delincuencia. Tendría que venir acompañada de la derogatoria de la ley que elimina la tipificación de organización criminal a los extorsionadores. No olvidemos que en la lucha contra la delincuencia el componente psicológico, el componente de percepción, es muy importante. Desde ese punto de vista la ley ayuda.
– ¿Hay algún modelo internacional de lucha contra la inseguridad ciudadana que usted cree que el Perú debería seguir?
Si, yo he vivido y he estudiado en Bogotá. Yo creo que el modelo que debería seguir Perú más bien es ese modelo, por las características de lo que pasa en el país, el modelo colombiano. Tiene que hacérsele la vida difícil, imposible, al sicariato y a la extorsión. Eso pasa fundamentalmente por medidas concretas, como la prohibición absoluta de que vayan dos personas en una moto, así, absoluta. Organizar a las juntas vecinales, colocar un chaleco con la placa de la moto a cualquier persona que utilice ese vehículo, y luego hacer un seguimiento específico a todo lo que signifique lavado de dinero. Que cualquier tipo de negocio que esté tipificado. Entonces, en la medida que se le haga imposible o se le haga difícil el trabajo, entre comillas, a los delincuentes, la derrota será más fácil. Yo creo que el modelo colombiano de Álvaro Uribe Vélez, que él lo llamó «seguridad democrática».
– ¿El modelo colombiano es mejor que el de Bukele, porque según algunos sectores este último colisiona con los DD.HH.?
No, yo creo que esa es una cantaleta de las ONG. El combate contra la delincuencia requiere de medidas excepcionales. Lo que pasa es que una cosa es combatir a las maras, que es una estructura única, jerárquica, completamente organizada, y otra cosa es combatir el sicariato, el gota a gota, la extorsión. Son fenómenos distintos. En el primero es consolidado, en el segundo hay muchos cabecillas, desarticulados, que tienen territorios. Entonces, para combatirlo, en el segundo, yo creo que más efectivo es el modelo colombiano.
– Con respecto al tema de la migración venezolana ¿qué nos puede comentar sobre las políticas migratorias?
El principal problema de la migración venezolana es el criterio de expulsión, que no tenemos a dónde mandarlos. Como Perú no tiene relaciones óptimas con Venezuela, no puede devolverlos, cosa que sí puede hacer Chile, Ecuador, por ejemplo, Colombia. Colombia fleta un avión rumbo a Venezuela y el avión puede aterrizar. Perú envía un avión con venezolanos a Caracas y no puede aterrizar. Entonces, tenemos ahí un problema motivado por la pésima gestión diplomática de la misma Dina Boluarte. Entonces, acá, lo que hay que empezar a hacer es, en primer lugar, elevar la valla del ingreso al Perú, para evitar que sigan viniendo sujetos de esta índole. Y, en segundo lugar, empezar a trabajar activamente con la identificación de los venezolanos en coordinación con Naciones Unidas. Todos aquellos que no estén identificados, empezar a desarrollar un procedimiento para que salgan del país.
