Por Dennis Falvy
El Profesor Baca concuerda con el Ministerio de Economía y Finanzas en que la propuesta de reforma previsional promovida por el Congreso no logra enfocarse adecuadamente ni proporcionar cobertura al 70% de la Población Económicamente Activa (PEA). Además, añade que esta propuesta no aborda las deficiencias del sistema de salud, que enfrenta desafíos similares. Destaca que todas las propuestas carecen de un componente de solidaridad.
El problema del envejecimiento es señalado, lo cual resulta en una disminución en el número de contribuyentes activos y un aumento en la cantidad de jubilados. Mientras Alemania ha anunciado la creación de un fondo especial para abordar este problema, otros países consideran aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años y aumentar las contribuciones de los trabajadores.
Sin embargo, el Dr. Baca argumenta que la realidad peruana es diferente y que tales medidas difícilmente resolverían el problema de la seguridad social debido a la alta informalidad laboral. Por lo tanto, sugiere que propuestas como aumentar la tasa de contribución o la edad de jubilación deberían descartarse, en referencia a la opinión del Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien basa sus argumentos en situaciones de países en desarrollo que no reflejan la realidad peruana.
Baca cuantifica la informalidad laboral utilizando datos del INEI desde 2007 y muestra la evolución de los «Trabajadores Equivalentes» asalariados y no asalariados durante el período 2007-2023. Destaca que, si bien el número de no asalariados venía disminuyendo hasta 2014 debido al fuerte crecimiento económico, a partir de entonces comenzó a crecer significativamente, en gran parte debido a la inmigración masiva venezolana y la desaceleración económica.
Además, aclara que la informalidad laboral está principalmente concentrada en sectores como la agricultura y el comercio. De los 9.1 millones de trabajadores no asalariados a nivel nacional, 3.7 millones se encuentran en agricultura y 2.1 millones en comercio. Baca sostiene que formalizar estos sectores a corto plazo sería difícil, pero un sistema de seguridad social integral no puede dejarlos de lado.
Propone diseñar un sistema de recaudación que sea difícil de evadir tanto para los trabajadores informales como para sus empleadores. Esto implica eliminar las exoneraciones al Impuesto General a las Ventas (IGV) y a las contribuciones a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), así como a EsSalud. Estas contribuciones serían reemplazadas por una nueva contribución, cobrada junto con el IGV al estilo FONCOMUN, que se distribuiría equitativamente en cuentas individuales con billeteras electrónicas específicas, garantizando así una pensión mínima universal y financiando EsSalud.
Se recomienda encarecidamente analizar el contenido de la columna del Dr. Baca, así como dos columnas anteriores sobre este tema.
