El Poder Judicial determinó que existen suficientes elementos de convicción para llevar a juicio al expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir coimas por 2,3 millones de soles durante su mandato como gobernador regional de Moquegua. Este veredicto marca un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que ha sacudido a la política peruana, vinculándolo con el caso Lava Jato.
El fiscal Germán Juárez, del equipo especial del caso Lava Jato, ha propuesto una condena de 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, lo que implica la recepción de sobornos. La acusación formal fue presentada en diciembre de 2022, señalando que Vizcarra presuntamente recibió pagos ilegales de los consorcios lidereados por las constructoras Obrainsa e ICCGSA, vinculados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
Tal como detalla El Comercio, durante la investigación, la fiscalía planteó que el expresidente recibió sobornos de consorcios liderados por las constructoras Obrainsa (S/ 1 millón) e ICCGSA (S/ 1,3 millones).
“Existe un grado de probabilidad suficiente de la comisión del delito investigado”, afirmó la jueza Margarita Salcedo, encargada del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, durante las audiencias de control de acusación.
Esta fase, también conocida como etapa intermedia, es crucial para determinar si el caso cumple los requisitos formales para proceder a juicio. La defensa de Vizcarra, liderada por el abogado Fernando Ugaz, no ha logrado contrarrestar las evidencias presentadas que incluyen, además de las declaraciones de colaboradores eficaces como el exministro José Hernández, una serie de documentos y comunicaciones digitales que sustentan la acusación.
Además del caso de cohecho, la jueza Salcedo ha visto méritos para llevar a Vizcarra a juicio también por el delito de colusión simple, una decisión que podría aumentar significativamente la pena solicitada. “La pena solicitada va a aumentar. No sabemos en cuánto, depende de la evaluación del fiscal”, indicó Silvana Carrión, procuradora del Caso Lava Jato.
El panorama procesal se complica para el expresidente ya que, según el abogado penalista Andy Carrión, no hay posibilidades de que el proceso se archive en esta etapa y el juicio es prácticamente inminente.
“Ya no hay forma de que el proceso se quede en esta etapa, tiene que ir a juicio. Ese es un punto importante: va a ir juicio sí o sí”, subrayó Carrión. Su afirmación anticipa una batalla legal intensa en los tribunales, mientras el país sigue de cerca el desarrollo de este y otros casos de corrupción que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Con la fase de control de acusación en marcha, el próximo paso será la admisión de pruebas. Las partes involucradas presentarán sus evidencias, incluidos testigos, documentos y pericias, que serán analizadas por el tribunal para su uso en el futuro juicio. Según Carrión, este proceso podría extenderse durante varias audiencias, con la expectativa de concluir a mediados de mayo.
“Lo declarado por los colaboradores eficaces, que se cuestiona, no se corrobora únicamente con sus dichos, sino que habrían sido corroborados con otros elementos de convicción. Lo que, a la luz del acuerdo plenario [de la Corte Suprema], resulta idóneo para determinar la presunta comisión del delito atribuido al acusado”, agregó la jueza Salcedo.
El abogado penalista Andy Carrión comentó para el mencionado medio que con la decisión de la magistrada, se lograron superar las etapas en las que este proceso judicial podría haber culminado con un archivo dentro del control de acusación. “Ya no hay forma de que el proceso se quede en este esta etapa, tiene que ir a juicio. Ese es un punto importante: va a ir juicio sí o sí”, señaló el letrado.
