El pleno del Congreso de la República aprobó, luego de un intenso debate, el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana para hechos ocurridos antes de 2002.
Con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, la norma fue aprobada en primera votación y queda a la espera de ser ratificada. Este proyecto busca hacer justicia con militares y policías que fueron perseguidos por ONG caviares por derrotar al terrorismo en los años 1980 y 1990.
“Este proyecto de ley tiene como objeto restaurar la legalidad en el Perú que ha sido pisoteada y violada impunemente por magistrados prevaricadores y politizados, que ha utilizados criterios jurídicos no aplicables para perseguir, procesar y sentenciar injustamente a militares y policías que en las décadas de 1980 y 1990 derrotaron al terrorismo e impidieron que esas hordas criminales esclavizaran a los peruanos y destruyeran el país. Se trata de reparar una injusticia que se ha cometido y se sigue cometiendo todos los días con militares y policías octogenarios y nonagenarios que lucharon y entregaron sus vidas para salvar al Perú”, dijo el congresista Fernando Rospigliosi, autor del proyecto de ley
“Proyecto busca impedir que magistrados politizados y prevaricadores sigan persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo. Se anulan las sentencias ilegales. Se busca restaurar la legalidad y reparar una injusticia”, acotó.
FECHAS
Esta nueva disposición precisa que el Estatuto de Roma, que rige sobre crímenes de lesa humanidad, entró en vigor en Perú el 1 de julio de 2002, y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad el 9 de noviembre de 2003.
Según el texto aprobado, “nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002“.
La propuesta, presentada por la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), y promovida por los parlamentarios José Cueto (Honor y Democracia) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), generó intensos debates y suspensiones temporales de la sesión. El legislador Waldemar Cerrón (Perú Libre) intentó sin éxito devolver el texto a la comisión para un análisis más profundo, lo cual fue rechazado con 56 votos.
CONTUNDENTE
El dictamen, ahora aprobado, establece que los delitos cometidos antes de las fechas indicadas “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”. Esto significa que cualquier hecho anterior al 1 de julio de 2002 no puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crimen de guerra, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
Durante el debate, comunistas y caviares trataron de boicotear la sesión porque perdieron una votación.
Tras la votación, la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó un pedido para reconsiderar la decisión, reflejando la división y controversia que esta normativa suscitó entre los legisladores.
De acuerdo con la congresista Martha Moyano (FP), titular de la Comisión de Constitución, la tipificación del delito de lesa humanidad no puede servir para «convalidar situaciones de injusticia o distorsionar los fines de la pena» ni «para la venganza».
Su aplicación, comentó Moyano, «siempre debe estar precedida por el cumplimiento de las garantías del derecho penal».
