ANTERO FLORES-ARAOZ
No es de ahora sino de larga data, que la pregunta que titula este artículo, se formula cada vez que hay grave conflictividad social.
Tanto desde el Estado como desde las organizaciones de la sociedad, hay consenso en el sentido de que se requiere del diálogo social, no solamente para emprender soluciones concertadas a la conflictividad interna existente, sino también para evitar nuevos conflictos sociales. De un lado restablecer la paz social, pero también evitar en lo posible nuevos conflictos.
Es sabido también que para el diálogo a que se hace referencia, se requiere del escenario adecuado, pero también que quienes dialoguen sean suficientemente representativos de los sectores a quienes se dice representan y que por ello puedan tomar decisiones sin que luego sean desautorizados.
Pero además del escenario conveniente y de mandatarios legítimos, se necesita de quien actúe como mediador o facilitador del diálogo, que busque soluciones factibles que puedan ser aceptables por las partes en controversia.
El escenario más propicio es el “Acuerdo Nacional”, que ya tiene más de veinte años, siendo una de sus herramientas su “Foro”, en el cual están presentes las altas autoridades nacionales, las organizaciones políticas con representación parlamentaria, las iglesias principales en cuanto a número de su feligresía, instituciones de la sociedad civil como colegios profesionales y gremios laborales, entre otros, aunque no suficientes pues faltan los partidos políticos sin representación parlamentaria vigente.
De ser el “Acuerdo Nacional” el escenario válido, es preciso determinar ¿quién debería ser el facilitador del diálogo? y creemos que es el Secretario Ejecutivo o director de tal organismo.
Si bien habría consenso en quienes son o deberían ser los actores del diálogo en situación normal, hay discrepancias cuando la violencia o perturbación social tiene también instigadores, los que como dice el aforismo “tiran la piedra y esconden la mano”, pero además con propósito de que los enfrentamientos lleven a lograr que el país arda en llamas, para luego salir como salvadores pero sometiéndolo al yugo de las dictaduras socialistas y, para ser precisos, al comunismo marxista-leninista-maoista en sus diferentes versiones.
Con los violentistas en cuestión, muchas personas de bien se niegan a dialogar, insistiendo en que con delincuentes ello es imposible y menos aun cuando hay sospechas de que pertenecen a organizaciones contrarias al sistema democrático, que imponen hasta el terror para alcanzar sus torvos propósitos.
Sin embargo, cuando hay el bien superior de alcanzar y mantener la paz, solucionar la postración de muchas de nuestras poblaciones, otorgarles la vida digna que merecen con los principales servicios, así como propender al desarrollo que genera la elevación del nivel de vida de nuestros ciudadanos, terminando con la pobreza, tendremos que cerrar los ojos, incluso taparnos la nariz, pero conversar con todos, sin excepciones pues como decíamos hay un bien superior y si para alcanzarlo hay que tratar con Lucifer, pues habrá que hacerlo.
Lo anterior no significa olvidarse de los delitos perpetrados ni del procesamiento de los responsables y de la determinación y cumplimiento de las penas correspondientes. El diálogo es para la paz, no para santificar a los activistas de la violencia.