Antero Flores-Araoz
Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó una visita al Perú, en que se reunió con directivos de medios de prensa, periodistas y también altas autoridades del Estado Peruano, habiendo anunciado algunos medios que tal delegación “partió con una profunda preocupación por la situación por la que atraviesa la libertad de prensa en el Perú y su deterioro”, según afirmación atribuida a Carlos Jornet, integrante de la delegación.
Se reproduce también en medios la expresión de la misma persona antes citada, en el sentido que “hasta ahora notamos un permanente deterioro que se sigue agudizando y que, probablemente, en período electoral como el que se empieza a vivir en el Perú, sea aún más grave”.
No encuentro ninguna relación entre la real situación de la prensa peruana, con lo que supuestamente han advertido los delegados de la SIP en su visita a nuestro país, donde cotidianamente vemos como se ejerce irrestrictamente la libertad de prensa.
Hace muchísimo tiempo los métodos para impedir el desarrollo de la prensa en el Perú, fueron superados. Dejamos atrás aquellos tiempos de los gobiernos de Manuel A. Odría y de Juan Velasco Alvarado, en que no solamente se impedía las labores de la prensa libre, sino que se le perseguía, hubo periodistas encarcelados e incluso varios de ellos fueron extrañados del Perú y sufrieron destierro en el extranjero. Pese al autoritarismo del gobierno de Alberto Fujimori la prensa en ésa época, pudo seguir haciendo sus tareas con libertad.
Francamente no sé los motivos de la miopía de la delegación de la SIP, pues como reitero en el Perú se cumple con el mandato constitucional contenido en su artículo 2.4 en el sentido que todos tenemos derecho “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno”.
No solamente hay plena libertad de informar, sino además muchísimas veces cierta prensa se extralimita y llega al libertinaje, a falsas imputaciones y cuando se solicita rectificación se nota la irracionalidad de los enormes titulares con el tamaño de la rectificación que parecería de la dimensión del aviso económico.
Hay por supuesto prensa que estaba acostumbrada a la demasía del avisaje pagado del Estado y le mortifica cuando este avisaje se ha reducido, pero no puede obligar al Estado a sufragar anuncios que no son indispensables. Por otro lado, también hay periodistas que no quieren responder en procesos por injuria, difamación o calumnia, pero lo cierto es que no tienen porque tener corona y ser distritos a los demás ciudadanos. Si cometen delito contra el honor, pues tienen que responder penalmente y no sólo civilmente por él.
Decíamos que hemos llegado hasta el libertinaje, pues los adjetivos que utiliza cierta prensa contra instituciones sean públicas o privadas, así como personas naturales, muchísimas veces son hasta insultantes y ello es un exceso. Invitaría a los delegados visitantes de la SIP a que revisen la información en prensa de los días en que Manuel Merino ejerció la Presidencia de la República en noviembre del año 2020 y verán como -no toda por cierto- incitaban a marchas que se convertían en confrontaciones violentas.
Por otro lado, pese a no estar legalmente obligados, los altos funcionarios gubernamentales y los parlamentarios son frecuentemente entrevistados, dan declaraciones y a través de la prensa se presentan ante el país. En cuanto a los miembros del Poder Judicial y Ministerio Público, ellos hablan a través de sus resoluciones, dictámenes y denuncias.
