Augusto Cauti Barrantes
Días atrás se publicó una nueva edición del índice de atracción de inversiones mineras elaborado por el Fraser Institute de Canadá que evalúa las percepciones de inversores y ejecutivos de más de 2,000 empresas mineras, exploradoras y consultoras sobre distintas plazas mineras. Entre ellos, el 50% ocupa cargos de presidentes de sus empresas y alrededor del 45% representa a compañías exploradoras; habiendo recogido sus percepciones por el periodo de agosto del 2023 a enero del 2024. En esta medición, el Perú cayó a la posición 59° en el comparativo entre 86 jurisdicciones, representando una caída libre desde el puesto 24° del 2019 -mejor ubicación alcanzada en los últimos 5 años-.
Este ranking mide dos grandes rubros: (i) Índice de potencial geológico-minero (MPI); e, (ii) Índice de percepción de políticas públicas (PPI). En el PPI, el Perú pasó al puesto 61° de 86 plazas, empeorando la ubicación 49° de 62 jurisdicciones del año anterior. En el MPI, el caso es más crítico, el Perú tradicionalmente se mantenía en lugares expectantes, habiendo caído al puesto 42° de 58 plazas.
En esta oportunidad el índice de atracción minero está encabezado por plazas situadas en Estados Unidos de América (Utah, Nevada), Canadá (Saskatchewan, Quebec) y Australia (Western Australia). Regionalmente (Latinoamérica y el Caribe), lo lideran lugares como Jujuy, Salta, San Juan y Santa Cruz en Argentina, o países como Brasil y Chile, que han alcanzado puestos superiores al Perú.
Estos resultados negativos no pueden ser únicamente imputados a la administración del año pasado, sino que obedecen a los estragos generados desde gestiones anteriores; en particular, la inestabilidad e incertidumbre política, el nulo respeto por la institucionalidad, la falta de políticas públicas acordes, así como a la conflictividad social; todos hechos acontecidos mayormente en los últimos 2 a 3 años. Inclusive estos resultados son peores al pre-pandémico 2019 o al pandémico 2020. Es más, si se contrasta con evidencia reciente, no se tiene un proyecto nuevo de gran minería iniciando o ejecutando su construcción; ni crece el gasto en exploraciones como ocurre a nivel mundial a más del 60% en promedio últimamente.
Sin duda, políticas aventureras, advenedizas, contrafactuales, atemporales o simplemente sin compromiso alguno con el país, han venido minando el potencial del desarrollo responsable y sostenible del sector minero formal, en perjuicio de inversiones, recaudación fiscal, estabilidad económica, empleo y, fundamentalmente, del desarrollo y bienestar de la nación; especialmente, aquellas personas que habitan en sitios aislados y remotos en que coincidente se desarrollan actividades mineras.
Si a la inestabilidad política y la conflictividad social, le sumamos las barreras administrativas y el crecimiento de la minería informal y la ilegal, el resultado del índice Fraser no debe ser minimizado, sino más bien ser un llamado de alerta adicional a la seria evaluación del estado de las cosas, la sostenibilidad del sector, el respeto por la institucionalidad encargada, la adopción de políticas públicas para su desarrollo, la promoción de las exploraciones y al combate contra la minería ilegal.
Como lo sostuvimos en una columna el año anterior, la data negativa que acompañaba el ejercicio de aquella administración pública parecía augurar la caída que vendría el año siguiente, lo que efectivamente ocurrió. Ahora, para que no se repita ello nuevamente, debemos ser optimistas que las cosas se pueden enmendar a lo largo del presente año, pues la importancia del sector minero para el país y su economía resulta clara y contundente, con evidencia en múltiples cifras ya reconocidas.
(*) Abogado-Consultor Internacional. Exviceministro de Minas de Perú
