Por Berit Knudsen
Un Proyecto de Ley en Irak busca legalizar prácticas como el matrimonio infantil, otorgando poder a las autoridades religiosas en detrimento de los derechos civiles. Los hechos despiertan preocupaciones sobre la inoperancia de Organizaciones como Naciones Unidas, institución concentrada en su “agenda”, confundiendo a la población, desviando la atención sobre problemas apremiantes y universales como los derechos humanos, polarizando al mundo.
Mientras las sociedades occidentales avanzaron con la evolución de principios Democráticos en áreas como la abolición de la esclavitud, derechos de la mujer y mayores índices de desarrollo humano; regiones como Asia y África que representan el 75% de la población mundial –seis mil millones de habitantes–, enfrentan problemas urgentes como pobreza extrema, bajos índices de desarrollo, ausencia de derechos y libertades individuales.
Oriente Medio, marcado por divisiones religiosas y culturales, ilustra la distancia entre prioridades en las agendas internacionales y las realidades locales. En Irak se debate un proyecto de ley que haría retroceder los derechos de las mujeres con prácticas como el matrimonio infantil en un país donde la religión influye en la vida cotidiana.
Uno de los aspectos más polémicos de estas reforma es la legalización del «matrimonio por placer» (nikah mut’ah), práctica de la ley chií que permite a un hombre casarse temporalmente, periodo que puede durar horas. A diferencia del matrimonio permanente, esta unión no requiere registro oficial ni testigos. En la práctica, esta costumbre no solo degrada la dignidad de las mujeres, legitima una prostitución y matrimonio infantil que en Occidente sería inadmisible.
Según Unicef, el 28% de mujeres iraquíes se casan antes de los 18 años, pero la nueva ley permitiría que niñas de nueve años puedan ser casadas, proyecto apoyado por bloques chiitas conservadores. La propuesta de ley basada en interpretaciones de la sharía chiita afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas perpetuando ciclos de violencia. El activista iraquí Mohammed Ezz remarca que sería un retroceso de «miles de años hacia atrás». «Tal vez más tarde veamos una ley que restablezca la esclavitud».
Chiíes y suníes, principales ramas del islam separadas con la muerte del profeta Mahoma en el siglo VII, disputan el liderazgo de la comunidad musulmana, interpretando en forma distinta la ley islámica (sharía) con estructuras políticas y sociales disímiles. Admitir la propuesta de ley chií, rama que gobierna Irán, permitiría a los hombres decidir entre la ley suní o chií, otorgando a los clérigos una autoridad sin precedentes.
En África, la situación no es menos preocupante, con índices de pobreza extrema que afectan a gran parte de su población, países atrapados en ciclos de subdesarrollo y dependencia económica. Los esfuerzos de la comunidad internacional con agendas de “desarrollo sostenible”, no abordan las verdaderas necesidades de estas poblaciones. Millones de africanos continúan luchando por cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud.
El caso de Irak es un ejemplo de cómo reformas legales en Oriente Medio chocan con principios que Occidente considera fundamentales. Resulta evidente que si las organizaciones internacionales, ONU incluida, desean tener un impacto en el mundo, deben reorientar su enfoque en regiones que representan la mayor población mundial, como Asia y África.
Los graves problemas como pobreza extrema, bajos índices de desarrollo humano y falta de acceso a derechos básicos requieren un apoyo centrado más en la defensa de los derechos humanos que en agendas que ofrecen pocos resultados sin ajustarse a realidades culturales y religiosas.
