Por Berit Knudsen
La lucha de las Democracias contra el autoritarismo tiene entre sus ingredientes la búsqueda de la supremacía de la soberanía popular sobre la soberanía nacional. Este debate es una constante histórica entre las relaciones internacionales y la defensa de los derechos humanos, opuestos evidenciados al comparar los principios de los Acuerdos de Paz de Westfalia (1648) con los ideales promulgados por la ONU en la declaración de Derechos Humanos (1948).
Los Acuerdos de Paz de Westfalia marcaron un hito al establecer principios de orden político, territorial y religioso en Europa para poner fin a 30 años de guerra. Uno de los pilares fundamentales fue el reconocimiento de la soberanía nacional que otorgaba a los estados el derecho exclusivo a determinar su política interna y externa sin interferencias, reflejando las necesidades de los estados-nación en esa coyuntura para ejercer su autonomía.
Pero en la actualidad, la soberanía nacional con la exclusividad del poder estatal puede conducir al autoritarismo, opresión interna y ausencia de rendición de cuentas. Además, en un mundo interconectado, la soberanía nacional puede chocar con los principios de cooperación internacional y solidaridad global, dificultando abordar graves problemas transnacionales como las migraciones masivas y el terrorismo.
En contraste, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU defiende la soberanía popular, que sitúa al individuo en el centro del orden político y jurídico. Este principio surge al reconocer que todos los seres humanos son titulares de derechos esenciales, independientemente de su nacionalidad, origen étnico, religión o género; derechos que además establecen límites al poder estatal sobre el individuo, obligando a los estados a proteger, promover y respetar la dignidad, igualdad y libertad humana.
El concepto de “Civilización Universal”, promovido por Xi Jinping, se basa en la soberanía nacional, principio que goza de gran aceptación entre regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua, ya que representa el medio para mantener el control sobre su población. Esta retórica les permite reprimir la disidencia, silenciar a la sociedad civil, perpetuando la impunidad, cuestionando además los Derechos Humanos.
Hablar del derecho individual a la democracia es una meta que parece imposible. Peor aún, ese objetivo se verá eternamente postergado mientras la ONU siga nombrando en las Comisiones de Derechos Humanos a Dictaduras que violan flagrantemente esos mismos Derechos Humanos como Cuba.
El equilibrio entre el respeto por la soberanía nacional y la protección individual contra los abusos de sus propios estados es un problema sin resolver. Pero las democracias, a pesar de ser sistemas imperfectos, reconocen la importancia de la soberanía popular y el respeto de los derechos humanos como fundamentos de su legitimidad. Si bien pueden enfrentar desafíos internos y externos, las democracias tienen mecanismos para la rendición de cuentas, protección de libertades individuales y promoción del bienestar común.
El debate entre Democracia y Autoritarismo tiene como ingrediente la defensa de la soberanía popular sobre la soberanía nacional, reflejando dilemas fundamentales de la política internacional y los derechos humanos. Si bien los estados tienen derecho a determinar sus destinos, este derecho debe ejercerse dentro de los límites de los derechos humanos universales y los principios democráticos. Solo a través de un enfoque equilibrado y colaborativo basado en el respeto al ser humano podremos abordar los desafíos del siglo XXI y construir un mundo más justo, pacífico y sostenible para las generaciones futuras.
(*) Politóloga y comunicadora
