Por Berit Knudsen
La Separación de poderes, principio que divide el gobierno en ejecutivo, legislativo y judicial, busca prevenir la acumulación de poder, evitando el abuso y la tiranía. El balance de poderes limita sus atribuciones para proteger las libertades individuales, contribuyendo a una gobernanza efectiva y democrática.
Pero los poderes en el Perú atraviesan una crisis, donde la Junta Nacional de Justicia JNJ, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación parecen medir a cada investigado o acusado con una vara distinta. Recientes eventos y decisiones judiciales sugieren un peligroso desequilibrio en la justicia con fines políticos, comprometiendo la estabilidad y confianza pública.
La aprobación de las instituciones del Estado se encuentra en mínimos históricos, con la presidente Dina Boluarte y el Congreso registrando apenas un 5% y 6% de respaldo popular, respectivamente. La falta de confianza se agrava por la percepción de una economía estancada y un alarmante 29% de la población en situación de pobreza, lejos del 20% pre-pandemia. Estas deberían ser las prioridades, pero vivimos envueltos por numerosos escándalos judiciales, incluyendo a la presidente Dina Boluarte.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), llamada a proteger la integridad judicial, es centro de críticas por decisiones percibidas como partidistas. Incluye al Poder Judicial que, desacatando las decisiones del Congreso de la Republica repuso en el cargo a la fiscal Zoraida Ávalos inhabilitada en 2023 y recientemente a Inés Tello y Aldo Vásquez, magistrados de la JNJ.
Resulta absurdo que el Tribunal Constitucional, órgano supremo en la interpretación de la Constitución, en su disposición sobre estos magistrados deje una opción abierta para que sean restituido si la Corte Suprema emite un fallo desfavorable al Congreso. Los jueces de la corte Suprema dependen de la JNJ, por lo que el fallo es evidente.
Ya conocemos el caso de Patricia Benavides y su destitución exprés como fiscal de la Nación por faltas graves expresadas por la misma JNJ que la nombró. Pero denuncias contra organizaciones como IDL o fiscales del Equipo Especial Lava Jato, tienen procesos marcados por una lentitud que desgasta a la opinión pública, languideciendo sin resolverse.
Un caso emblemático es el de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, cuya sentencia de prisión por colusión está a punto de prescribir por vencimiento en los plazos legales. Este es un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser manipulado para beneficiar a ciertos actores, dependiendo de su orientación política.
Los casos contra Pedro Castillo no avanzan, tampoco las múltiples denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra, mostrando un sistema judicial que actúa con diferentes velocidades, aparentemente influenciado por consideraciones políticas.
El llamado Caso Cócteles, que involucra a la líderesa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros 45 acusados por financiamiento ilícito, es un ejemplo de cómo los juicios pueden extenderse indefinidamente, con más de 785 tomos de expedientes y numerosas páginas faltantes o ilegibles.
El poder judicial debe ser reorganizado, igual que la JNJ y organismos electorales, solo así podremos concentrarnos en los problemas urgentes. Diez millones de peruanos deben salir de la pobreza, además, 63% de la población reclama una solución al problema de seguridad ciudadana. Es imperativo restaurar la confianza en las instituciones y trabajar para la recuperación del Perú.
