Por Bruno de Ayala Bellido
En política internacional no existen los finales épicos, sino los desenlaces útiles. Y el caso venezolano es, quizá, uno de los ejemplos más claros de realpolitik en América Latina.
A pesar de años de sanciones, presiones diplomáticas y denuncias por violaciones sistemáticas de derechos humanos, Nicolás Maduro seguía en el poder, sostenido no por legitimidad democrática, sino por una compleja red de control institucional, lealtades militares, crimen organizado y alianzas internacionales. Pensar que el régimen caería únicamente por presión moral o aislamiento externo fue, desde el inicio, una lectura ingenua del problema.
La pregunta clave no es por qué Maduro seguía gobernando, sino por qué el régimen chavista, aun profundamente corroído, se mantiene operativo. La respuesta está en su estructura: Venezuela ya no funciona como una dictadura ideológica clásica, sino como un sistema de poder basado en economías ilícitas, donde confluyen narcotráfico, contrabando, corrupción y protección política. En ese contexto, el Estado dejó de ser una institución y pasó a ser una plataforma criminal con fachada política.
Desde la lógica de Washington —especialmente bajo administraciones de corte pragmático— el objetivo no es “hacer justicia histórica”, sino evitar el colapso total del país, un escenario que abriría la puerta al caos regional, a una crisis migratoria aún mayor y a la expansión de actores extrahemisféricos. Por eso, Estados Unidos prioriza interlocutores funcionales, no figuras moralmente intachables. Es por eso que se mantiene en el poder a la inefable Delcy Rodríguez cómplice de la corrupción.
Aquí aparece la diferencia entre poder real y legitimidad simbólica. María Corina Machado concentra respaldo ciudadano, reconocimiento internacional y autoridad moral. Sin embargo, no controla el territorio, ni las fuerzas armadas, ni los resortes coercitivos del Estado. En una transición mal gestionada, imponer una figura sin control efectivo puede derivar en una fractura violenta del país, incluso en un conflicto interno de grandes proporciones.
La historia es clara: primero se negocia con quienes tienen la llave del caos, luego se reconstruye con civiles, técnicos y actores democráticos. Así ocurrió en múltiples procesos de transición en Europa del Este, África y América Latina. Venezuela no será la excepción, aunque su caso sea más complejo por la profundidad de la criminalización del poder.
Tras más de 25 años de socialismo autoritario, las instituciones venezolanas están devastadas. La reconstrucción no será rápida ni limpia. Tomará tiempo, implicará concesiones incómodas y estará plagada de tensiones internas y externas. ¿Uno, dos o más años? Nadie puede afirmarlo con certeza.
Lo que sí es evidente es que muchos actores dentro y fuera de Venezuela prefieren que ciertos secretos nunca salgan a la luz. El chavismo no solo ha corrompido su país; ha tejido redes que alcanzan gobiernos, empresarios y estructuras políticas en buena parte de América y más allá.
Se vienen meses intensos. La ruta no será recta ni heroica. Pero cuando la realpolitik entra en escena, lo hace sin romanticismo. Y Venezuela, la patria de Simón Bolívar —libertador convertido en mito y luego en símbolo manipulado—, enfrenta una vez más el peso trágico de los mesianismos fallidos y del poder sin moral.
La libertad no llega con aplausos. Llega cuando el sistema que la asfixia deja de ser funcional.
(*) Analista Internacional
