César Gallo Lale
Revisando las estadísticas actuales sobre la pobreza en el Perú, los datos arrojan que casi 1/3 de la población peruana es pobre, al no contar con los ingresos suficientes para cubrir los gastos de la canasta básica de consumo familiar y poder sobrevivir. Es decir, desde que se hizo cargo del gobierno el partido de izquierda Perú Libre de Pedro Castillo y la continuación a cargo de la presidente Dina Boluarte, la pobreza ha ido en franco aumento y su slogan “No más pobres en un país rico” de nada les ha servido, pues en esta “Aventura Política” del régimen de turno, donde todo son solo promesas, hay más pobres ahora en el Perú.
Y es que estamos ante una situación de ingobernabilidad jamás vista en el país producto del caos que produce la inseguridad ciudadana y el desastre del sistema judicial, dos factores que se complementan y ponen al Perú ante el mundo en un escenario muy poco confiable para la inversión nacional y transnacional y peor aún, sin visos de que la situación mejore producto de los últimos acontecimientos sucedidos en estos dos factores, es decir más pobreza, más Inseguridad Ciudadana y más caos en el Sistema Judicial.
Parece que el actual gobierno con su gabinete en pleno, no se diera cuenta que el estado no genera riqueza y la única salida para parar y revertir la pobreza en el país, es la interrelación que tiene que tener el estado con el empresariado nacional y extranjero, brindándoles las seguridades del caso para que aseguren sus operaciones físicas y jurídicas en un libre marcado, de tal manera que sea un atractivo para la consolidación no solo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas y de cualquier persona que quiera invertir. Con esto se reduciría la informalidad en general que actualmente es de 75.17%, frente al 70.5% de las áreas urbanas, cifras que se agudizan en las áreas rurales y alcanza un 95.3%, debido a que la crisis económica se va incrementando cada día más porque no hay una voluntad política por parte del ejecutivo para dar una solución real y tangible a tan importante problema.
Muchas de las empresas en el país han quebrado, otras han reducido su personal y así se ha ido reduciendo el empleo formal debido a la problemática actual y a las trabas existentes de la legislación laboral y al cobro de impuestos por parte del estado mermando las utilidades del actual empresariado y desalentando a los inversionistas. El estado no hace nada para incentivar a las pequeñas y medianas empresas ni tampoco da buenos servicios con lo que recauda, y peor aun al principal rubro que es la “minería formal”. Diera la impresión que se legisla para incentivar la “minería informal” que ya bastante tiene con los problemas ambientales, sociales y de contaminación que generan día a día, perdiéndose grandes oportunidades para su formalización en provecho del pueblo peruano.
Si se hubiesen aprobado las inversiones mineras sobre todo las de cobre desde la época de Humala, Kuczynsky, Vizcarra y principalmente Castillo y ahora Dina Boluarte, hoy el Perú estaría disfrutando económicamente del boom, quizás de los precios más altos de la historia cuprífera en el mundo.
¡Comunismo y terrorismo nunca más en el Perú!
(*) Teniente general FAP en retiro
