Manuel Merino de Lama
El Proyecto de Ley N° 8508/2024-PE, busca crear un Ministerio de Infraestructura con competencias para gestionar la infraestructura pública y establecer políticas en esta área. Entre las funciones del futuro ministerio, se espera que formule políticas nacionales, establezca normas técnicas, y coordine proyectos relacionados con la infraestructura, incluyendo la de formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales. Al respecto, quiere decir, que ellos se evaluaran, se supervisarán y ejecutaran, en otras partes del mundo existen autoridades de Infraestructura de proyectos, pero tienen otras entidades que la supervisan, es el caso de Reino Unido y Corea. Asimismo, señalamos la existencia de duplicidad de funciones con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ya realiza tareas similares, esta entidad dispone los mismos deberes y funciones que tendría el Ministerio de Infraestructura.
El proyecto propone fusionar diecisiete instituciones ejecutivas, incluyendo las del Ministerio de Transporte, Vivienda, Salud y Educación. Entre estas, destaca la ANIN, (Autoridad Nacional de Infraestructura) creada a fines de julio del año pasado y la OEDI (Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión), sin evaluar previamente los resultados de sus operaciones y que estas dos últimas instituciones aún no han finalizado su implementación. Otro punto de discusión es la adscripción de Proinversión al nuevo ministerio, que actualmente está bajo el Ministerio de Economía (MEF). Esto disminuiría el empoderamiento del MEF, ya que Proinversión y el Equipo de Seguimiento de la Inversión Privada, que maneja proyectos de infraestructura y minería, serían trasladados al nuevo ministerio.
En la exposición de motivos, se observa la omisión en referencia a las barreras burocráticas que afectan la ejecución de obras, así como en ninguna parte del proyecto enviado por el ejecutivo, mencionan el tema de la corrupción. Una de las alternativas en la búsqueda de la solución para aligerar la ejecución de obras de infraestructura podría ser la simplificación de trámites administrativos para promover la inversión, a través del diálogo entre diversos sectores, en lugar de crear un nuevo ministerio.
En lo que concierne al presupuesto de la fusión de 17 unidades ejecutoras del nuevo ministerio sería uno de los más grandes, estimado en más S/15 mil millones. Sin embargo, al considerar las unidades ejecutoras adicionales, este presupuesto podría incrementarse significativamente. Proinversión y el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) añadirían unos S/680 mil millones más al presupuesto total.
Esta apreciación destaca las preocupaciones sobre la duplicidad de funciones, la necesidad de evaluar experiencias previas y los desafíos burocráticos existentes, la lucha contra la corrupción y la capacitación a los funcionarios, para un mejor diseño de los proyectos. Un nuevo ministerio podría politizar la selección de proyectos de infraestructura, lo cual deslegitimaría sus propios objetivos.
Finalmente, se insta al Congreso de la República a través de las Comisiones respectivas a llevar a cabo un análisis profundo, convocando a expertos y a los principales actores en el debate, para evaluar la pertinencia de creación del nuevo Ministerio de Infraestructura. ¡Adelante!
(*) Expresidente de Perú
