Óscar Valdés Dancuart
El repudiable asesinato de 13 peruanos en un socavón de una mina propiedad de la empresa Poderosa, en el distrito de Pataz, ha desnudado las graves deficiencias del Estado en su conjunto para dar solución a la minería ilegal y la minería artesanal existente en la zona, tanto en las medidas de seguridad que deberían existir en el área como en el ordenamiento legal necesario para controlar las actividades mineras en general.
Para analizar este agudo problema, que nos ha llevado a circunstancias impensables meses atrás, debiéramos empezar por la historia minera del Perú que data de hace muchos siglos, desde el incanato, y es la principal fuente de ingresos del erario nacional.
El Estado Peruano, de acuerdo con nuestra Constitución, es el dueño del subsuelo, por ende de todos los yacimientos a lo largo y ancho del territorio nacional, y en nuestro ordenamiento legal se explotan estos recursos por empresas que logran la titularidad de los mismos, vía concesiones. Es cierto que muchas empresas, principalmente las más grandes, han copado el territorio con las licencias otorgadas y, muchas de ellas, no explotan las adjudicaciones en toda su extensión y el Estado a pesar de haber castigado con mayores costos por hectárea la concesión, no ha logrado que sean explotadas en su totalidad y de ello se aprovechan los informales e ilegales para invadir estas áreas y subrepticiamente robar los minerales. Es cierto que, ante estas invasiones, los propietarios de la concesión se ven obligados a firmar contratos de alquiler de las áreas, pero estas acciones no han solucionado el problema por la presencia de ilegales que gracias al REINFO han logrado patente de corso para actuar a su libre albedrío y camuflarse entre los artesanales e informales. También es necesario resaltar que el elevado precio de los minerales en el mercado mundial no sólo hace más atractiva esta actividad, sino que también les da poder para negociar voluntades, comprar autoridades corruptas que luego se hacen de la vista gorda y permanecen congeladas ante estas actividades ilícitas.
El problema ha sido ya muchas veces diagnosticado, pero normalmente no queremos tomar el toro por las astas. En realidad, no se trata de REINFOs ni formatos para encausarlos en la formalidad, sino de empezar por la causa principal del problema. Me refiero a las concesiones. En este caso, debemos tener cuidado de la estabilidad jurídica, pero de manera consensuada con la intervención de todos los actores que explotan los recursos minerales para reasignar los permisos con aquellos que las tienen a su cargo. En ese sentido, las áreas que no son explotadas por los concesionarios deberían volver al Estado, vía ministerio de Energía y Minas (Minen), y nuevamente concesionarlas incluyendo la participación de los mineros informales, debidamente seleccionados, apartando a los mineros ilegales. Es indispensable separar la paja del trigo. Luego se tienen que formalizar las rutas del mineral hacia las plantas de tratamiento con presencia de los organismos de minería y de la administración tributaria para ver el destino final del mineral al mercado legal.
Finalmente, considero importante hacer notar que este problema no se solucionará con estados de emergencia, toques de queda ni estados de sitio con la presencia de las FF. AA. Este es un problema netamente económico-social y no se trata de una guerra interna ni nada por el estilo. El Estado debe actuar enérgicamente, pero con respuestas adecuadas de acuerdo a la realidad de la zona. Presidenta Dina Boluarte, señores ministros, señores congresistas, si es que en realidad les importa el Perú y los peruanos… ¡No sigan dando leyes iguales para situaciones desiguales!
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
