El nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, ha hecho un inusual reconocimiento al calificar de «legítimas» las demandas de los manifestantes alauitas que salieron a las calles en varias ciudades costeras esta semana. Estas movilizaciones, las más significativas de la comunidad desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el año pasado, denuncian la nueva ola de violencia sectaria y presuntos actos de discriminación.
Una Minoría Histórica Clama por Protección
Las protestas alauitas, la comunidad a la que pertenecía el derrocado dictador Bashar al-Assad, surgieron tras el recrudecimiento de la violencia y, más recientemente, tras el brutal asesinato de una pareja beduina suní en Homs, que reavivó las tensiones y los actos de vandalismo contra hogares alauitas.
Según la agencia SANA, Al-Sharaa, quien lideró el derrocamiento de Assad, conversó con el gobernador de Latakia y se mostró «plenamente preparado para escuchar todas las demandas y considerarlas seriamente».
«He observado que hay muchas demandas populares legítimas, aunque algunas son políticamente motivadas, por decirlo suavemente», declaró Al-Sharaa, instando a la contención y a poner fin a las divisiones sembradas «durante más de sesenta años».
El Desafío de la Unidad Nacional y la Costa
El nuevo liderazgo sirio se enfrenta al enorme desafío de garantizar la unidad nacional y proteger los derechos de todas las minorías, un compromiso central tras el colapso del antiguo régimen. A pesar de sus promesas, Al-Sharaa mantiene una postura firme contra las exigencias de autonomía de los kurdos sirios, defendiendo un Estado centralizado.
En cuanto a la costa siria, región tradicionalmente alauita y foco de las recientes protestas, Al-Sharaa fue enfático:
“No puede ser gobernada por una autoridad independiente, aislada del resto de las regiones”, pues una Siria sin acceso al mar «perdería una parte fundamental de su fuerza estratégica y económica”.
El país permanece devastado tras más de una década de guerra civil y se enfrenta a un coste de reconstrucción estimado en 216.000 millones de dólares, lo que añade presión a las promesas de atención a las demandas populares en medio de una profunda crisis económica.
