Con la finalidad de garantizar la protección de los datos personales que cuentan las centrales privadas de riesgo y de las ‘billeteras digitales’, el congresista José Luna Gálvez presentó el proyecto de ley 7919 para regular el tratamiento de la información que disponen estas instituciones.
El parlamentario explicó que la finalidad de la ley es garantizar el derecho de todas las personas a la protección de sus datos personales que administran las centrales de riesgo, como Infocorp, y las billeteras digitales, como Yape, Tunki o Plin, entre otros.
Explicó que son más de 27 millones de usuarios de billeteras digitales, según datos de las mismas instituciones, los que se beneficiarían con estas medidas de seguridad.
«Se debe dictar medidas de seguridad técnicas y administrativas para evitar el acceso no autorizado de esta información que brindan estas empresas y proteger la confidencialidad de esta información», remarcó.
El líder de Podemos Perú explicó que, en el actual contexto de alta inseguridad ciudadana, la información que estamos obligados a compartir (nombres, número de teléfono, DNI, entre otros), sin un control adecuado, puede ser usado por extorsionadores, secuestradores, asaltantes y acosadores para su objetivo criminal.
«Esa información que incluimos en cada operación de compra, como nuestro número de teléfono, DNI, entre otros, es compartida a un tercero e incluso puede comercializada; es decir, sin medidas de seguridad y de control, esa información convierte al usuario de la billetera digital en una potencial víctima de la delincuencia», subrayó.
El proyecto de ley plantea que las entidades financieras estén obligadas a incluir en sus protocolos de servicios y transacciones financieras con las billeteras digitales, códigos alfanuméricos a fin de que no se vulneren los datos sensibles de los consumidores.
Además, están prohibidas de brindar información que afecte el tratamiento de la información personal y datos sensibles de sus usuarios cuando estos realicen compras en línea, transferencias de dinero, pagos de servicio u otras transacciones financieras.
«Estas disposiciones no significan un alto costo para las empresas financieras, pero sí asumirán la responsabilidad en la protección de la información de sus usuarios», sostuvo.
