El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no se quedó con los brazos cruzados ante la entrega de grabaciones en su contra y el testimonio de un testigo protegido que lo sindica de haber dado órdenes para “destruir” pruebas en contra de Nicanor Boluarte.
El pasado 27 de agosto, denunció la existencia de una presunta organización criminal integrada por la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público (MP), con la finalidad de “desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte”.
El abogado Carlos Caro, quien asumió la defensa técnica del ministro, confirmó al dominical Contracorriente la demanda interpuesta. Detalló que, bajo su hipótesis, habría tres brazos: el de los efectivos policiales, a quienes se les imputa la responsabilidad de la manipulación de documentos, grabaciones e imágenes; el del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) y el compuesto por abogados de quienes se convierten en testigos de cargo protegidos o agentes encubiertos.
Mencionaron que —hasta el momento— el único integrante identificado en esta supuesta organización que buscaría crear una falsa narrativa de que altos funcionarios, bajo órdenes de la Presidenta, estarían realizando actos de obstrucción de justicia, es el capitán “culebra”.
En diálogo con el dominical, Caro también mencionó que “incluso hay un aparato comunicacional por identificar, que se está alternando con la finalidad de crear una situación que impida al Ministerio del Interior llevar adelante las políticas de gestión que se están realizando”.
“Se habla por ejemplo que el ministro quiere hacer este cuadro por renovación que son parte de un plan estratégico de hace bastante tiempo, entonces todo el mundo dice que en ese plan van a salir del ministerio y van a dejar de ser policías el señor Izquierdo y el señor Colchado, ¿saben lo que va a pasar? ¿Tienen una bola mágica?”, cuestionó el abogado.
En línea con la supuesta trama de una organización criminal en la que “habría un aparato comunicacional”, el ministro del Interior mencionó que tomará acciones legales contra los medios que relacionen su imagen con los audios. “Fácil es decir: ‘Sospechamos que no pertenece’. Pero ponen la imagen de mi persona”, cuestionó.
En relación con el contenido de los audios, la defensa sostuvo que “hay inconsistencias” en la información difundida. “Nosotros vamos a exigir que los celulares sean entregados al fiscal de la Nación; de lo contrario, para nosotros no tiene ningún valor probatorio porque la defensa no ha participado en la extracción y no hemos tenido la oportunidad de verificar si el celular es original o no”, declaró.
