El Poder Judicial admitió la incorporación de la Procuraduría Pública Ad Hoc en el proceso judicial contra Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, en el caso Obrainsa.
Con esta decisión, se abre la puerta para que la Procuraduría solicite una reparación civil por un monto de más de S/ 56,6 millones.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución de primera instancia y rechazó la apelación que había presentado uno de los investigados, el exgerente de Infraestructura del GORE Ayacucho, Carlos Zevallos, contra la constitución de la Procuraduría como actor civil.
Oscar Oscorima afronta cargos por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita, por los cuales la procuraduría ha solicitado las siguientes reparaciones civiles: colisión agravada por S/ 6′852.546,36 por daño patrimonial y S/ 13′705.093,46 por daño extrapatrimonial, cohecho pasivo propio por S/ 8′326.563,36, y asociación ilícita por S/ 27′755.211,21.
El Poder Judicial señaló que la resolución de primera instancia, emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, “ha cumplido con expresar las razones y los considerandos que sustentan la constitución de actor civil a la Procuraduría Pública Ad Hoc en representación del Estado”.
Oscorima cumple una orden de comparecencia con restricciones desde octubre del 2022, cuando el Poder Judicial rechazó el pedido de la fiscalía para dictarle prisión preventiva y, en su lugar, resolvió imponerle reglas de conducta.
