La Contraloría General de la República informó que ha identificado indicios de responsabilidad penal en funcionarios del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) que habrían transferido sin autorización S/. 45.163.855 para favorecer a una empresa privada con el financiamiento de un complejo de viviendas y brindar préstamos sin cumplir con la normativa y el convenio suscrito.

A través de un comunicado, la Contraloría señaló que realizó una auditoría donde detectó que, con fondos aportados por policías y el Estado, se financió irregularmente la construcción de 504 casas del proyecto “Estancia de Lurín” por un convenio suscrito con una empresa constructora. Esto, sin la autorización del directorio de Fovipol y sin analizar otras propuestas y mejores condiciones para los beneficiarios.

Los funcionarios no cautelaron los fondos al permitir el otorgamiento de préstamos sin que se efectúe previamente una calificación a todos los interesados en la adquisición de viviendas.

Además, no se establecieron penalidades para los casos de incumplimiento de la entrega de casas debido a que no se registraron los voucher -o comprobantes de pago- de los tres depósitos de transferencia de dinero en los registros del libro banco.

De acuerdo a la información analizada, se habría transgredido la Ley N° 27801, “Ley que modifica el Régimen Legal del Fondo de Vivienda Militar y Policial”.

Esta establece el destino correcto de estos fondos, así como el Convenio de Cooperación Estratégica Interinstitucional, suscrito entre el Fovipol y la empresa constructora, en la que señala las obligaciones de dicho fondo, la forma de los desembolsos y calificación de los fovipolistas compradores de las viviendas. También detalla las resoluciones de contaduría que señalan la obligación de elaborar el comprobante de pago por los desembolsos efectuados que permitía registrar la transferencia de los recursos.

El incumplimiento de los plazos de entrega ameritaría el pago de una penalidad, pero esa posibilidad no fue contemplada en ningún documento que cautele los intereses de dicho fondo policial, por lo que se evidencia un favorecimiento a la empresa constructora.

Asimismo, el favorecimiento se advierte cuando, en la primera etapa, diez prestatarios desistieron del préstamo para adquirir sus viviendas. Pese a ello, la empresa constructora no ejecutó el extorno o devolución, ni el Fovipol realizó acciones para recuperar el dinero.

El equipo de redacción de Prensa21 trabaja permanentemente para entregarle la información que a usted le interesa.

SHARE