El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, se mostró a favor de aplicar la pena de muerte para los violadores de menores de edad que causen el fallecimiento de sus víctimas, pues consideró que dicha medida sí es disuasiva.

De esta manera, el integrante del gabinete ministerial apoyó las propuestas de la presidenta interina de la Comisión de la Mujer del Congreso, Janet Sánchez, y de la parlamentaria Karla Schaefer.

“El asunto es que nosotros hemos suscrito un convenio de abolición de pena de muerte, (estamos adheridos) al Pacto de San José. Personalmente, yo sí creo en la pena de muerte, y algunos juristas y penalistas, al respecto, le han puesto un cartel a los que creen en la pena de muerte (…), les dicen mortícolas. Eso es una cosa fúnebre e impresionante. La pena sí es disuasiva”, afirmó Enrique Mendoza en el programa “Agenda Política” de Canal N.

En esa línea, precisó que se debe buscar un mecanismo que permita aplicar la pena de muerte para violadores sin que tener que salirse del Pacto de San José. “La apoyaría siempre y cuando tenga una salida dentro de los causes jurídicos y de cumplimiento o denuncia del tratado en lo que se refiere a ese punto nada más”, agregó.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos indicó que su sector también trabaja en una iniciativa para que los adolescentes puedan asumir, desde los 16 años, la responsabilidad penal de los delitos que cometan.

“Estamos trabajando en la rebaja de la (edad de) responsabilidad penal. Rebajar la responsabilidad penal a partir de los 16 años y que tengan un tratamiento penal con algunas condiciones especiales, como hacen los países europeos”, enfatizó.

“Porque esto de tratar a delincuentes muy peligrosos como si fueran menores de edad, como si fueran unos jóvenes y adolescentes no es posible. Tenemos que ver nuestra realidad, pero nosotros sí estamos suscritos a un acuerdo que nos obliga a que los menores de 18 años tengan un tratamiento de adolescentes, no tienen penas, tienen medidas protectoras, educativas y rehabilitadoras. Entonces, eso nos tiene atados de manos. Todos los sicarios son de 16 y 17 años que tienen hijos y familia y una serie de acciones muy peligrosas para la sociedad, y la sociedad está inerme”, añadió.

“Nosotros estamos buscando el modo legal, constitucional y, de acuerdo a los cánones internacionales, de poder abrir una brecha y sancionar de manera especial, no tan igual como un adulto, pero sí con algunas condiciones, de modo tal que podamos responsabilizarlos”, manifestó.

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