Ricardo Sánchez Serra
El presidente Recep Tayyip Erdoğan prepara una conmemoración por los diez años del fallido golpe de Estado de 2016. Para muchos analistas -y para mí- aquel episodio fue un “autogolpe” cuidadosamente diseñado para eliminar a la oposición, perseguir a ciudadanos pacíficos y consolidar un régimen despótico. Lo que se celebra no es la defensa de la democracia, sino la instauración de un sistema que convirtió a Turquía en la cárcel más grande del mundo.
Tras el estado de emergencia, se clausuraron más de 140 medios de comunicación, incluidos periódicos, canales de televisión y radios. Miles de periodistas fueron despedidos y más de un centenar encarcelados, según Reporteros Sin Fronteras. Turquía pasó a liderar la lista mundial de países con mayor número de comunicadores presos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron torturas, palizas y violaciones en centros de detención, además de madres encarceladas junto a sus bebés. La represión alcanzó a jueces, fiscales, académicos y opositores políticos, todos acusados de “terrorismo” sin pruebas.
A esta deriva autoritaria se suma el caso del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien derrotó dos veces al candidato respaldado por Erdoğan en las elecciones municipales de la mayor ciudad del país y se convirtió en el principal líder de la oposición. En 2025 fue detenido y encarcelado por acusaciones relacionadas con terrorismo y corrupción, en un proceso que amplios sectores de la oposición, organizaciones internacionales y observadores consideran políticamente motivado. Su encarcelamiento ha reforzado la percepción de que el sistema judicial turco es utilizado para neutralizar a los principales adversarios políticos del gobierno.
La presión sobre la oposición tampoco ha cesado. Tras las elecciones municipales de 2024, en las que el Partido Republicano del Pueblo (CHP) se consolidó como la primera fuerza política del país, varios de sus alcaldes y dirigentes han sido objeto de investigaciones, detenciones y procesos judiciales por distintos cargos, entre ellos acusaciones de corrupción y de terrorismo. Para amplios sectores de la oposición, así como para diversos observadores internacionales, esta sucesión de causas judiciales busca intimidar a los gobiernos locales de la oposición, debilitar al CHP y limitar su capacidad de competir políticamente.
Diez años después del fallido golpe de 2016, Erdoğan ha consolidado un sistema en el que la oposición vive bajo una presión constante. Las investigaciones judiciales, los encarcelamientos de dirigentes políticos y alcaldes, las restricciones a la prensa y el debilitamiento de las instituciones han generado un clima de intimidación que, para numerosos observadores, ha terminado por amedrentar y debilitar a buena parte de la oposición democrática.
La persecución contra los kurdos se intensificó tras la ruptura del proceso de paz en 2015. Ciudades como Cizre y Nusaybin fueron arrasadas, y miles de civiles murieron en operaciones militares. En el plano internacional, Erdoğan intervino en Siria y Libia, dejando un saldo de muertos y prolongando la inestabilidad regional. Turquía se aisló, perdiendo credibilidad como socio confiable.
La economía, mientras tanto, se desplomó. La inflación superó el 70 % en 2022 y aún se mantiene en niveles insostenibles. La lira turca perdió más del 80 % de su valor frente al dólar en una década, pasando de 9 por dólar en 2021 a más de 49 en 2025, con previsión de 62 en 2026. El desempleo ronda el 8 %, pero con fuerte precariedad laboral. La fuga de capitales y la pérdida de confianza internacional han empobrecido a millones de ciudadanos. Erdoğan no solo destruyó libertades, también hipotecó el futuro económico de su país.
Diez años después, lo que Erdoğan celebra es la derrota de la democracia. Turquía es hoy un país fracturado, con miles de presos políticos, periodistas silenciados y una economía devastada. La conmemoración no es un homenaje a la libertad, sino a la represión. El Perú, por su parte, no debe firmar un convenio de extradición con un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Sería legitimar la persecución de opositores y poner en riesgo a refugiados políticos que buscan protección. Nuestro país, con su tradición democrática y su compromiso con los derechos humanos, debe rechazar cualquier acuerdo que avale la represión.
La conmemoración de Erdoğan es un recordatorio de cómo el poder absoluto destruye instituciones, economías y vidas. Pero también es una oportunidad para invocar un cambio. Turquía necesita reconciliación, no más persecución. Erdoğan debe liberar a los presos políticos, cesar la represión contra kurdos y opositores, y abrir una nueva etapa de paz y unidad. Solo así Turquía podrá aspirar a un futuro digno, democrático y próspero.
El mensaje es claro: no hay grandeza en celebrar la represión. Turquía merece vivir en libertad, reconciliada internamente y respetada en el mundo. El futuro no puede construirse sobre cárceles y censura, sino sobre justicia y democracia.
